En tal sentido, la FLIP hizo referencia a una reciente investigación publicada por la Revista Semana en la cual se revela “que distintas unidades del Ejército Nacional ejecutaron un plan para amenazar y realizar interceptaciones ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y otros funcionarios públicos”.
Esta vigilancia se estaría realizando desde las instalaciones militares, precisamente para protegerse de la justicia y de los medios de comunicación, según el testimonio de un militar citado en la investigación.
La publicación entrega información sobre la persecución contra Alejandro Santos, director de Revista Semana, y varios de sus periodistas, por parte del ejército a través del envío de sufragios y lápidas, amenazas y de vigilancia ilegal a medios físicos y digitales.
Sin embargo, los ataques no estaban únicamente dirigidos a los periodistas de este medio, acotó la FLIP.
Según la investigación, el ejército compró por cerca de tres mil millones de pesos (930 mil dólares) una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible, a una empresa española representada en Colombia por un exoficial de la Armada Nacional.
Más allá de las innumerables irregularidades en la licitación y la evidente asignación a dedo de ese contrato, esta herramienta permite penetrar en cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada, reveló el medio.
A pesar de que repetidamente las autoridades negaron las acciones de vigilancia contra periodistas, la realidad mostró, con suficiente evidencia, que esta forma de agresión es constante. Las investigaciones de las autoridades también dan resultados suficientes, con los que se mantiene el ambiente de intranquilidad y desconfianza, puntualizó.
Por ello, la FLIP se solidarizó con Revista Semana, sus directivas y reporteros, “y rechaza de manera contundente todo tipo de intimidación y espionaje ilegal. Estas acciones, violatorias de la Constitución y la ley penal, ponen en peligro y afectan los derechos de los periodistas y ponen en jaque el ejercicio libre del periodismo”.
tgj/mfb
