“El sector del petróleo y el gas es el elemento vital de la economía libia y la única fuente de ingresos (…) No son cartas para jugar de cara a resolver asuntos políticos”, advirtió en un comunicado Mustafa Sanalla, presidente de la NOC.
Impedir las exportaciones y la producción de hidrocarburos tendrá consecuencias previsibles, y de prolongarse, enfrentaríamos un colapso del tipo de cambio, un aumento enorme e insostenible del déficit comercial y la salida de contratistas extranjeros, apuntó.
El daño afectará a todos los libios. Eso sería como prender fuego a su propia casa, subrayó.
Sanalla alertó que ante un eventual cierre de los campos de crudo, el país cuenta con un limitado almacenamiento del combustible en los puertos con destino a la exportación.
Bloquear instalaciones petroleras es un acto criminal y un delito capital bajo la ley libia, recalcó.
Este país está en caos desde el derrocamiento del Gobierno constitucional en 2011 tras una intervención extranjera, encabezada por varias naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
La situación empeoró en 2018 con el inicio de una ofensiva contra las zonas controladas por el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en esta capital, por parte del Ejército Nacional Libio (ENL), que respalda al parlamento en Tobruk, asentado en el oriente.
Desde entonces se recrudecieron los combates entre las tropas leales al Gobierno de Unidad Nacional, dirigido por Fayez al Sarraj; y el ENL, del mariscal Jalifa Haftar.
La situación empeoró con la intervención velada de varias naciones, que respaldan a uno y otro ejecutivo con armas, dinero y tropas.
mgt/rob
