Fuentes de la Cancillería aseguraron la víspera que, por conducto diplomático, expresaron su queja a los gobiernos de España y de Chile -Gonzáles estuvo acompañado por su colega del partido Republicano chileno Fernando González-, y solicitaron explicaciones sobre estos dos legisladores que cometieron “intromisión en asuntos internos”.
Adicionalmente, esa misma tarde la Dirección General de Migración notificó a González que “es sujeto a salida obligatoria” en apego al Decreto Supremo 1923.
Según la Resolución Administrativa, este militante del partido ultraderechista español Vox y muy cercano al exministro de Gobierno durante todo el régimen de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), Arturo Murillo, realizó declaraciones y publicó “propaganda política de desprestigio contra el actual Gobierno nacional”.
De esa forma, agrega el escrito, rebasó el límite de la protesta y vulneró el numeral dos del parágrafo tercero del artículo 12 de la Ley 370 de Migración.
Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, criticó este miércoles en conferencia de prensa a la cual asistió Prensa Latina que ambos legisladores llegados al país con visa de turistas hicieron “política en Bolivia” al cuestionar el proceso que se le sigue al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo.
González y Sánchez acompañaron el lunes al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, durante la irrupción a la sede del Comando Departamental de la Policía, atacado desde el 28 de diciembre por paramilitares afines a Camacho.
Los tres criticaron, con evidente parcialidad, el supuesto uso de la fuerza contra quienes con cocteles molotov y medios pirotécnicos de alta potencia intentan ocupar esa unidad policial para presionar en busca de la liberación del gobernador imputado y encarcelado preventivamente.
De manera cautelar, Camacho fue encerrado por cuatro meses en la prisión de alta seguridad de Chonchocoro para que no obstruya las pesquisas sobre su participación en la ruptura del orden constitucional en Bolivia en 2019, la imposición de un gobierno de facto y el asesinato de 38 personas, cientos de heridos y miles de violaciones de los derechos humanos.
“Ya sentado dentro del avión dos agentes muy correctamente me han informado que estoy expulsado de Bolivia. Cuba, Nicaragua y ahora Bolivia son los países que me niegan la entrada”, confesó en su cuenta de Twitter el propio González.
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