A través de la red social Twitter, el jefe de la diplomacia venezolana rechazó declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien aseveró que dichas acciones tienen como objetivo “llevar a (Nicolás) Maduro a la mesa de negociaciones”.
“Sancionamos a la firma petrolera rusa TNK Trading International S.A., propiedad de Rosneft, aumentando el aislamiento del régimen y acercando al pueblo de Venezuela a la libertad y la prosperidad”, indicó Pompeo en referencia a las maniobras para provocar el derrocamiento del Gobierno bolivariano.
“Venezuela rechaza estas medidas ilegales y arbitrarias. No hay dudas, #LasSancionesSonUnCrimen de lesa humanidad y así lo comprobaremos ante la Corte Penal Internacional. Respeten el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, levanten las sanciones”, subrayó al respecto Arreaza en la plataforma comunicacional.
Un comunicado del Departamento estadounidense del Tesoro indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros implementó acciones punitivas contra TNK Trading International, que asumió los cargamentos del petróleo venezolano asignados a la compañía suiza Rosneft Trading, incluida en la lista de sancionados de Estados Unidos el 18 de febrero último.
La cancillería de Rusia indicó entonces que la administración estadounidense debe recurrir a estas tácticas para poder competir contra los productores rusos en los mercados mundiales, y recalcó que las acciones de Washington no afectará la política exterior de Moscú respecto a Venezuela.
A su vez, el Gobierno venezolano subrayó que la política de sanciones unilaterales de Estados Unidos busca “ejercer un control hegemónico del mercado petrolero mundial”, así como destruir la economía del país sudamericano.
Venezuela presentó una demanda contra Estados Unidos en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos a raíz de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el bloqueo económico, comercial y financiero adoptado por Washington generó al Estado venezolano perjuicios en el orden de los 116 mil millones de dólares, y afecta de manera decisiva la adquisición de alimentos, medicinas y materias primas para la industria nacional.
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