Las preguntas se refieren a asuntos como seguridad, transparencia, registro de partidos políticos, conformación del legislativo, medio ambiente, y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Para Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia de la República, votar sí a los cuestionamientos propuestos permitirá enfrentar mejor el crimen organizado y el narcotráfico, así como mejorar la calidad de la representación política en instituciones como la Asamblea Nacional.
Con una opinión totalmente opuesta, diversas voces se pronuncian contra la consulta, desde políticos, hasta indígenas, estudiantes y profesores, quienes llaman a votar por el No.
Es una trampa, las soluciones demagógicas que propone el gobierno sirven como excusa para no atacar los problemas estructurales del país, eso no va a resolver nada, aseguró el activista Augusto Verduga en un debate frente a Sichel transmitido por Radio Sonorama.
Consulta parche, mañosa, tramposa y cortina de humo son algunos de los calificativos que recibe el mecanismo con el cual el Ejecutivo pretende depurar la clase política, luchar contra la corrupción, frenar la violencia y el narcotráfico, así como soluciones ambientales.
Verduga comentó que “la mal llamada Consulta Ciudadana es solo un distractor para apoderarse de las autoridades de control y garantizar la impunidad del gobierno”.
Ese comentario se refiere particularmente a la pregunta acerca de las atribuciones del Cpccs, una entidad creada en 2008 para mediante procesos transparentes designar autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, entre otros cargos.
La trampa es utilizar “preguntas gancho” que esconden la verdadera intención de la consulta: prorrogar a las autoridades de control que protegen a Lasso, declaró la asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza Pamela Aguirre.
Otra de las interrogantes más debatidas es la número 1, la cual busca autorizar la extradición de ecuatorianos que cometieron crímenes transnacionales para solucionar la inseguridad y sacar de su espacio a los narcotraficantes y cabecillas de las bandas criminales, según el Ejecutivo.
Sin embargo, Verduga explicó que en la práctica no funciona así, porque no se puede aplicar de forma inmediata y depende de la voluntad de otras naciones.
La extradición es una medida demagógica y se utiliza cuando no se atacan los problemas estructurales, afirmó el activista, quien se preguntó por qué, por ejemplo, en vez de hacer eso no renuevan la escuela de guías penitenciarios o depuran la policía.
Incluso, existe un rechazo a las preguntas relacionadas con el medio ambiente, aparentemente nobles y que buscan preservar los recursos hídricos y luchar contra la minería ilegal.
¡Esto es absolutamente falso! La pregunta siete busca incluir zonas de protección hídrica en el sistema de áreas protegidas, lo cual se encuentra en la legislación vigente, y la interrogante 8, sobre la mercantilización de la naturaleza, también ya está regulada, puntualizó la organización.
En resumen, son dos visiones encontradas sobre un referendo y la palabra final la tendrán los ecuatorianos el próximo 5 de febrero, cuando irán a las urnas también a elegir autoridades locales y regionales.
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