La conmemoración del pacto, que puso fin a la guerra civil de El Salvador que en 12 años dejó más de 75 mil muertos, fue modificada a propuesta del actual gobierno hace más de un año y el Parlamento aprobó celebrar el Día de las Víctimas del Conflicto Armado.
Antes de la adopción el miércoles de la extensión del régimen de excepción para enfrentar a las pandillas, el recinto legislativo se convirtió en escenario de un pugilato verbal.
Entonces, diputados de la oposición y del Partido Nuevas Ideas se atacaron con saña y en ocasiones de forma irrespetuosa sobre los objetivos de celebrar el aniversario.
Acusaciones contra el gobierno por acciones que van contra la letra de los Acuerdos de Paz y acusaciones contra la oposición por presuntamente utilizar a las víctimas a conveniencia política convirtieron el foro en lugar de confrontación.
El próximo domingo cientos de manifestantes convocados por movimientos sociales, de mujeres, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre otros, se concentrarán para marchar en conjunto y conmemorar la firma del pacto hace 31 años.
Asimismo, los participantes reivindicarán los derechos de la población salvadoreña ante los diferentes retrocesos en materia de derecho que el país sufre, aseveraron los convocantes.
La movilización tendrá dos puntos de partida, pero la Plaza Cívica, en el centro de San Salvador, como el de llegada.
“Les hacemos el llamado a los sectores laborales que están siendo duramente golpeados”, manifestó Stanley Quinteros, de la Alianza Nacional.
Quinteros además habló sobre el retroceso que el país sufre en materia de derechos humanos realizados por el Gobierno de turno, debido a lo cual instó a la población a “conquistar los derechos que les están arrebatando”.
Para agregar más combustible a la protesta, el martes en la noche la policía del municipio de Soyapango detuvo a dirigentes sindicales que exigían en protestas callejeras el pago de sus haberes por parte de la alcaldía.
A eso se sumó el arresto de varios exguerrilleros y líderes comunitarios en el departamento de Cabañas por su presunta participación en un secuestro durante la guerra en el pasado siglo.
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