El hecho ocurrió luego de que el también abogado se negó a traspasar ilegalmente una propiedad al entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras.
Por ese crimen, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó la prisión en el regimiento de policía militar número uno de Peñalolén para Guillermo Salinas, Pablo Belmar, Manuel Pérez Santillán y René Quilhot.
Los imputados, que formaban parte de la llamada Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta dirigida por el ejército, entraron a la vivienda del conservador, en la comuna de Providencia, y lo maniataron.
Luego avisaron al químico y también miembro de la DINA Eugenio Berríos e hicieron que la víctima inhalara el gas sarín, lo que en breve tiempo le ocasionó la muerte por una toxemia aguda.
El abogado querellante Francisco Ugás destacó la investigación rigurosa y acuciosa de la ministra que, pese a las dificultades derivadas del tiempo transcurrido, logró alcanzar la verdad y la justicia en un caso que permaneció en la impunidad por mucho tiempo.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) la DINA fabricó armas químicas para el exterminio de opositores.
Según un informe de la Comisión Valech, publicado en 2011, en 17 años de régimen pinochetista se registraron en el país más de 40 mil casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellos tres mil 200 asesinatos y desapariciones.
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