En una semana de ambiente caldeado y “pugilato verbal” en la Asamblea Legislativa, fue aprobada la décima prorroga del estado de excepción bien entrada la noche del pasado miércoles.
El voto estuvo antecedido por un encendido debate sobre la celebración el próximo 16 de enero del 31 aniversario de los Acuerdos de Paz firmado en Ciudad México en 1992 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno, que puso fin a 60 años de dictadura militar.
El gobierno y su representación en el Parlamento defendieron las medidas para mantener la seguridad. Estadísticas oficiales indican que hasta este sábado el país ya registra 171 días sin homicidios desde que se aplicó el régimen de excepción para combatir a las pandillas.
En 2022, El Salvador pasó a ser la nación con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica y se convirtió en uno de los más seguros de Latinoamérica con 495 homicidios, una cifra nunca registrada, es un elemento que acompaña la campaña oficial.
Los diputados opositores reiteraron el rechazo al régimen de excepción alegando que su prórroga es inconstitucional y enmascara presuntas violaciones de los derechos humanos.
La medida permitió la captura de cerca de 63 mil pandilleros aunque opositores alegan que con ella se trata de militarizar la nación en un año en que las elecciones presidenciales están al doblar de la esquina, el 4 de febrero de 2024.
Destacó en la semana la aprobación por la población a los cercos militares de municipios y comunidades como parte del Plan de Control Territorial en su quinta etapa. Una encuesta de diario La Prensa Gráfica mostró que el 53 por ciento apoya esa acción gubernamental.
También fue noticia la idea del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de reducir de 362 a cerca de 50 municipios, algo que toma cuerpo y que presuntamente el Parlamento puede encarar en próximas jornadas.
Mientras una intensa campaña en redes sociales por parte de sectores de oposición llamó a una gran marcha mañana 15 de enero en ocasión del 31 aniversario de los Acuerdos de Paz.
La conmemoración de una hecho que dejó más de 75 mil muertos fue modificada a propuesta del actual gobierno hace más de un año y la Asamblea aprobó celebrar el Día de las Víctimas del Conflicto Armado.
Así transcurrió una semana en la que no faltaron arrestos de sindicalistas y exguerrilleros acusados de un presunto crimen ocurrido durante la guerra, y una intensificación de acciones contra la pandemia de la Covid-19.
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