El hecho contrasta con las afirmaciones de la transnacional petrolera española Repsol, de que ha cumplido con limpiar las playas, mientras pescadores y autoridades ambientales lo niegan ante las evidencias encontradas en inspecciones recientes sobre las consecuencias del derrame de 11 mil 900 barriles de crudo.
El mayor desastre ambiental causado por hidrocarburos en Perú se produjo cuando por una ruptura del sistema de suministro de crudo desde un buque tanque anclado frente al municipio limeño de Ventanilla, en el norte de Lima, hasta la refinería costera de la Pampilla, ubicada en ese distrito.
La empresa esgrime un estudio privado según el cual los fondos marinos cercanos a las 25 playas afectadas están limpios, pero reportajes y pescadores sostienen lo contrario y el Ministerio del Ambiente y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) señalan que ese informe carece de legalidad.
Esas instancias han anunciado un nuevo estudio de OEFA que evalúe la actual situación, frente al argumento de Repsol de que el último realizado por el organismo fiscalizador data de octubre último, antes de la realización de los trabajos cuya culminación asegura.
Según declaró tras el desastre el experto internacional Manuel Pulgar Vidal, exministro del Ambiente, el mayor problema es la sedimentación del crudo en los fondos marinos.
En el lecho marino, indicó, la fauna marina ha sido devastada por el derrame, que se extendió en una extensión de cerca de diez mil hectáreas de mar, lo cual requiere una remediación que puede tomar hasta por 20 años, según el exministro.
Ante tal situación, la Defensoría el Pueblo y organizaciones no gubernamentales especializadas en temas ambientales, plantean la necesidad de un plan de remediación de mediano y largo plazo.
La situación, además, afecta severamente a miles de pobladores de las playas sobre todo dos mil 500 pescadores afectados y sus familias y miles de comerciantes de especies marinas y otros dedicados a actividades vinculadas al turismo playero.
Ante ese problema, Repsol otorga un monto de dinero cercano a los mil dólares cada dos meses, a cuenta de una reparación por establecer, a grupos de pescadores con los que llega a acuerdos fraccionados y que consideran el monto insuficiente, mientras la Defensoría del Pueblo plantea una negociación colectiva.
Críticos de Repsol señalan que ha intentado constantemente eludir sus responsabilidades. Inicialmente culpó del derrame a un oleaje anómalo, después culpó al capitán del buque tanque, ambas cosas desmentidas, y últimamente a una falla de fábrica del equipo de bombeo el crudo a la refinería.
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