El secretario general de esa organización política, Winston Alarcón, llamó a los militantes y a la ciudadanía en general a votar por el No, porque ese procedimiento «no resolverá los problemas estructurales existentes en el país, ni la crisis social, política y económica».
Nos quieren distraer con soluciones demagógicas y tramposas, con preguntas gancho para cubrir la incapacidad política de Lasso y de quienes promueven una agenda neoliberal y extractivista, señaló el líder del PCE.
Con dos de las ocho preguntas, por ejemplo, pretenden eliminar la potestad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de designar autoridades de control y así negociar con grandes grupos de poder quienes ocupen esas funciones, así como prorrogar las actuales autoridades, señaló Alarcón.
Se refirió también a que de ser aprobada la consulta se violentarían los derechos democráticos de los ecuatorianos al restarle representación política a provincias como Orellana, Cañar o Morona Santiago, entre otras.
Asimismo, el PCE consideró que la extradición de ecuatorianos propuesta en la consulta no reducirá la violencia y la inseguridad, por lo cual llamó a las autoridades a invertir en educación, salud y a aumentar las fuentes de empleo.
Sabemos que eso no será posible con un gobierno entregado a las oligarquías bancarias, a multinacionales, a los intereses del gobierno estadounidense y al Fondo Monetario Internacional, aseveró Alarcón.
El rechazo a la consulta popular se ha hecho explícito también por parte del Comité Popular 15 de Noviembre, que incluye a varias organizaciones de izquierda, por el partido Pachakutik y por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Igualmente, están contra el procedimiento la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) y colectivos agrupados en la campaña Ecuador dice NO.
Para ellos el Ejecutivo gasta en publicidad ganar votos a su favor y aprobar una consulta que en realidad busca mejorar su imagen y acumular más poder al capturar las funciones de control del Estado, como la Fiscalía o las superintendencias, con el fin de garantizar la impunidad.
Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 5 de febrero no solo para opinar sobre el referendo, sino para elegir prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales.
mem/avr
