Por Claudia González Corrales
Redacción Norteamérica
La residente de 55 años de edad en Oregón, donde la interrupción es sin límite del periodo gestacional, parece preocupada por un panorama nacional que muestra al menos 13 estados con prohibiciones para el procedimiento, tras la anulación de la sentencia conocida como Roe contra Wade.
A siete meses de la anulación de ese fallo por un Tribunal Supremo de mayoría conservadora, en las demarcaciones de Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Tennessee y Texas, las mujeres están privadas de interrumpir su embarazo, incluso si fue por una violación o incesto.
En tanto, en lugares como Idaho, el procedimiento es prohibido en casi todos los casos, pero un juez dictaminó que no se podía castigar a los médicos por practicar un aborto para proteger la salud de una paciente.
De acuerdo con una investigación del periódico The New York Times, si bien, teóricamente, algunas normas en los territorios con restricciones admiten excepciones en determinadas circunstancias, desde la decisión del Tribunal fueron concedidas muy pocas de estas.
De junio pasado a la fecha, los médicos y hospitales en realidad rechazan a las pacientes, y alegan que la ambigüedad de las leyes y la amenaza de sanciones penales les impiden poner a prueba las normativas, indicó el medio.
Frente a ese contexto, las personas con posibilidades optan por viajar a los sitios en los que el aborto es todavía legal, o consiguen píldoras para la interrupción del embarazo, porque los requisitos para acogerse a las excepciones son demasiado estrictos.
Sin embargo, el desplazamiento de ellas para recibir atención está asociado con grandes cargas, y pueden incluir retrasos y un mayor coste, tanto financiero como social, enfatiza un informe de la Sociedad de Planificación Familiar (SFP, por sus siglas en inglés).
Aquellas que no pueden asumir esos retos, se ven obligadas a llevar el embarazo a término, acotó la fuente.
La indagación del Times halló a una mujer de Misisippi que dijo que no encontró a un médico dispuesto a practicarle un aborto después de haber sido violada, y a otra de Ohio que, pese a enfrentar peligrosas complicaciones durante la gestación y buscar asistencia para el procedimiento, fue rechazada.
También una norteamericana de Indiana, tras conocer que una anomalía congénita provocaría la muerte de su bebé poco después de nacer, buscó interrumpir la gestación.
La prohibición en su estado incluía una excepción para estos casos, pero finalmente ella fue remitida a Illinois o Michigan.
ABORTO FUERA DE LA LEY
El caso Roe contra Wade fue el litigio judicial de 1973 en el que el Tribunal Supremo estadounidense dictaminó que la Constitución protege la libertad de una mujer para elegir poner fin su embarazo sin excesivas restricciones gubernamentales.
En el verano pasado, a raíz del proceso Dobbs vs. la Organización de Salud Femenina Jackson (que impugnó una ley de Misisipi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, incluso en casos de violación), la Corte dictó que la Carta Magna no contempla el derecho a ese procedimiento y revirtió la sentencia de casi cinco décadas de aplicación.
Solo en los dos meses posteriores a esa decisión, el número de abortos legales en Estados Unidos descendió en seis por ciento, informó la organización WeCount.
Según el reporte del grupo dirigido por la SFP, en abril de 2022, antes de la anulación del Roe contra Wade, los médicos realizaron un total de 85 mil 20 interrupciones voluntarias y en agosto disminuyó a 79 mil 620 en agosto.
A su vez, el diario The Hill mencionó en un sondeo de NPR-Ipsos que casi la mitad de los estadounidenses en las demarcaciones donde el acceso a dicho proceder perdió las protecciones de la ley creen que disminuyó esa práctica después de la derogación de la sentencia.
Tres de cada 10 norteamericanos dijeron que las posibilidades para la interrupción voluntaria descendieron desde junio, justo cuando la Corte suprimió el fallo.
Dicho indicador aumentó en 44 por ciento en los estados en los que el aborto no es legal o está desprotegido.
Según el periódico, un número significativo de entrevistados conoce a alguien que cruzó las fronteras estatales para abortar, se sometió a un procedimiento anticonceptivo o pospuso el embarazo en los meses transcurridos desde el caso Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson.
Los resultados de la encuesta arrojaron además, que en aproximadamente la mitad de los territorios, una mayoría republicana (dos tercios) prefiere que el acceso al procedimiento sea difícil, mientras en el resto de las demarcaciones una superioridad demócrata (84 por ciento) quiere que este resulte disponible para todos.
Al decir del Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación y promoción de los derechos sexuales, en los últimos seis meses la disponibilidad de esa práctica cambió drásticamente en todo el país.
Mientras en las zonas del sur, las llanuras y el Medio Oeste hubo prohibiciones al aborto o restricciones a la atención, en la mayoría de los estados de la costa oeste y el noreste promulgaron 77 leyes de protección al procedimiento, el mayor número jamás aprobado en un año, acotó el grupo.
Después de Dobbs, las leyes de “activación” entraron en vigor en 13 demarcaciones y prohibieron el aborto inmediatamente o después de la acción estatal.
En los estados que la eliminaron o restringieron, hubo siete mil 870 interrupciones menos en julio, indicador que ascendió a ocho mil 40 en agosto, lo que supone un descenso del 95 por ciento, precisó el estudio de la SFP.
Por su parte, Rachel Jones, investigadora científica principal del Instituto Guttmacher, comentó que en la mayoría de los territorios con impedimentos el número de terminaciones en la segunda mitad de 2022 “se redujo básicamente a ninguno”.
Las prohibiciones provocaron un aumento de los viajes interestatales para realizar abortos legales, indicó The Hill, y puso como ejemplo a una clínica de Granite City, en Illinois, que informó que el 86 por ciento de sus pacientes posteriores a la prohibición provenían de fuera del estado.
Para Tracey Wilkinson, profesora adjunta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, “si los datos muestran que los abortos no ocurren, eso demuestra que las excepciones están sobre el papel y no en la práctica”.
Según estimaciones del Instituto Guttmacher, un total de 26 estados podrían obstaculizar el aborto a corto plazo, lo que afectará a 36 millones de mujeres en edad reproductiva.
También varias demarcaciones con prohibiciones a la interrupción voluntaria limitan el uso de las píldoras abortivas, si bien su empleo es permitido en Estados Unidos desde el año 2000, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la mifepristona.
Para impedir la utilización de la pastilla, algunos lugares establecieron limitaciones sobre quién puede recetar y dispensar el fármaco, o a través de trabas absolutas, indicó la prensa local.
Louisiana, que permite los abortos en casos para proteger la salud de la paciente y en aquellos que implican defectos congénitos mortales, registró cero abortos desde que entró en vigor la prohibición, advirtió The New York Times.
Misisipi, con excepciones por violación y para salvaguardar la vida de la mujer, llega hasta dos embarazos truncados desde junio de 2022, en tanto Alabama, Kentucky, Missouri y Texas también reportaron un número mínimo bajo las nuevas leyes.
En Estados Unidos, al carecer de una ley federal para los derechos sexuales y reproductivos, las políticas en los territorios se rigen por demandas judiciales, leyes estaduales y enmiendas constitucionales.
Una encuesta de NPR-Ipsos difundida este mes reveló que tres de cada cinco norteamericanos creen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.
Casi siete de cada 10 entrevistados afirman que apoyarían que su estado utilizara una medida electoral o un referéndum para decidir sobre ese derecho, en lugar de dejar la decisión en manos de los legisladores.
A su vez, el 58 por ciento de los participantes opinó que los congresistas elaboran la política al respecto a partir de lo que quieren los donantes y sus bases, no en lo que desea la mayoría de la población.
Al menos 62 de cada 100 encuestados manifestó que la decisión del Tribunal Supremo de impugnar el Roe contra Wade estuvo basada “más en la política que en la ley”.
En opinión de analistas, la anulación del fallo devino giro al conservadurismo extremo y especialistas alertaron que la supresión de ese derecho suponía un riesgo para la salud de las estadounidenses, en especial para las mujeres negras, afectadas en mayor medida por la falta de acceso a la atención sanitaria.
Christine Guesman, una antigua profesora y jubilada ahora a sus 69 años, considera a la ley del aborto en el lugar donde vive, Ohio, “demasiado estricta”. Para ella, la disposición provino “de un puñado de hombres decidiendo cómo deben vivir las mujeres”, y no lo aprueba.
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