Se estima que el presidente Guillermo Lasso sea convocado para el próximo 13 de febrero.
Previo a la cita, el abogado Héctor Vanegas en encuentro con los parlamentarios, advirtió que para enfrentar a la corrupción se debe cambiar el enfoque con el que se trata el tema.
Venegas insistió en que el mismo no debe centrarse en mecanismos represivos, sino en actuar desde la prevención y crear programas que analicen los riesgos existentes en los cargos públicos, así como la creación de herramientas para evitar estos actos.
De acuerdo con el jurista, el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece desde el año 2014 la responsabilidad penal de las personas jurídicas, menos las empresas públicas, lo que genera una traba en la investigación del caso Encuentro y limita la aplicación de mecanismos para prevenir los actos de corrupción.
Por su parte, Viviana Veloz, presidenta de la comisión, preguntó si con los audios que aparentemente comprometerían a funcionarios públicos y personas particulares dentro de la supuesta red de corrupción se podrían establecer grados de participación y responsabilidad.
A la interrogante, el abogado Vanegas respondió que todavía sería prematuro hablar de grados de participación, porque los audios representan un indicio delictivo que podría constituir una notitia criminis para que la Fiscalía investigue y determine las modalidades delictivas.
La Fiscalía es selectiva hacia la persecución de los delitos de la gente pobre, advirtió Venegas. “Los delitos de cuello blanco, como el que están investigando, siempre tienen prerrogativas, los allanamientos suceden cuando los presuntos responsables están fuera del país. A la gente pobre no le pasa eso”, dijo el abogado.
La Comisión Ocasional tiene un mes para elaborar un informe de investigación sobre el caso Encuentro. Durante la jornada de este miércoles está prevista la aprobación del calendario, fechas y horarios de las comparecencias planificadas.
El denominado caso Encuentro, que se refiere a una supuesta red de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, estalló tras la filtración de audios y documentos que involucrarían a exfuncionarios, servidores y personajes cercanos al Gobierno de Guillermo Lasso.
Sin embargo, el jefe de Estado niega las acusaciones y en una entrevista emitida en cadena nacional, apuntó que el hecho de que algún exfuncionario haya caído “en la tentación de ganar dinero mal habido” no se puede generalizar.
El caso ha estremecido la política nacional a las puertas de una consulta popular impulsada por el Gobierno que incluye la posibilidad de prorrogar las actuales autoridades de control, lo cual es para muchos una maniobra destinada a tapar ese tipo de actos ilícitos.
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