En un artículo publicado en el diario Página 12, el periodista y escritor señaló que ese hecho no tiene justificación ni lógica judicial o comercial.
El Boeing 747-300 arribó a esta nación el 6 de junio de 2022 con 19 tripulantes (14 venezolanos y cinco iraníes) y una carga consistente en piezas para compañías del sector automotor.
La aeronave intentó continuar viaje hacia Uruguay, pero fue denegado su ingreso a ese país y debió regresar al aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
Pese a no detectarse irregularidades, el avión permanece en suelo argentino y su caso fue manipulado por grupos opositores que alegaron, incluso, supuestos vínculos de la tripulación con el terrorismo.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó liberar la carga y a los tripulantes tras quedar demostrado que no hubo ningún delito, pero decidió cumplir con la solicitud de Estados Unidos de incautar la aeronave.
Luego de ocho meses, Villena afirma que hay un pedido de preservación preventiva del avión, originado en un juzgado de Columbia. Sim embargo, no existe ninguna causa judicial que justifique seguir reteniéndolo, indicó Kollman.
Lo más grave de las últimas semanas es que el magistrado autorizó a una empresa designada por Estados Unidos, especialista en desguace y remate, a que haga el mantenimiento, como si ya fuera propiedad norteamericana, añadió.
Asimismo, afirmó que un dato llamativo es que la compañía estadounidense se especializa en incautaciones y solo registra antecedentes de comercializar y vender aeronaves decomisadas.
Quedó claro que no hubo ningún ilícito. El avión ya no juega ningún papel en la causa penal. Lo único que están haciendo es generar daños al aparato, gastos para el Estado argentino y un reclamo ante la Organización de Aviación Civil Internacional en Canadá, concluyó.
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