Además de elegir autoridades locales y municipales, este 5 de febrero la ciudadanía deberá responder a ocho cuestionamientos que propuso el Ejecutivo para reformar la Constitución en temas como seguridad, autonomía de la Fiscalía, representación política y medio ambiente.
Mientras el Ejecutivo asegura que con la aprobación de esas propuestas el país será más seguro, más fuerte institucionalmente y los ecuatorianos estarán mejor representados en organismos como la Asamblea Nacional (parlamento), diversos sectores aseguran que en los anexos está la trampa.
La primera pregunta, la más comentada de todas, apuesta por la extradición de ecuatorianos acusados de delitos transnacionales como forma de enfrentar el crimen organizado en el país.
La segunda interrogante pretende “garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado” para que sea ese organismo y no el Consejo de la Judicatura quien “seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman”.
Por otro lado, el tercer cuestionamiento está encaminado a reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional (parlamento) a uno por provin
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- cia y uno adicional por cada 250 mil habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de ecuatorianos y un asambleísta por cada 500 mil nacionales residentes en el exterior.
Además, el referendo tiene entre sus propósitos exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 por ciento del registro electoral de su jurisdicción.
Asimismo, otra de las propuestas es eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de designar autoridades y que el legislativo sea quien se encargue de esa función de escoger puestos claves, como Fiscal, contralor, superintendentes, entre otros.
A su vez, el sexto cuestionamiento busca que los miembros del Cpccs sean elegidos por la Asamblea y no por voto popular, como ocurre actualmente.
Las dos últimas preguntas relacionadas con el medio ambiente se refieren a la incorporación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y aspira a que quienes apoyen la generación de servicios ambientales puedan recibir compensaciones.
El procedimiento consultivo cuenta con el rechazo de indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes, para quienes ninguna de las preguntas está encaminada a solucionar los problemas más acuciantes del país.
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