En un comunicado enviado a la opinión pública, los prefectos recalcaron que Pabón respeta lo dispuesto en un tribunal desde el pasado 25 de diciembre, por lo cual estima pertinente mantener vigentes esos requerimientos de uso de grillete electrónico, presentación periódica ante las instituciones pertinentes y prohibición de salida del país.
«Con la facultad que la ley otorga al Congope, exhortamos a que prime la imparcialidad en el sistema de justicia y que sus resoluciones se enmarquen dentro de la adecuada proporcionalidad, mientras se cumplen las investigaciones», señala el texto.
Tras manifestar solidaridad con la prefecta, los líderes provinciales destacaron que la titular asume la tarea para la cual el pueblo la eligió, pese a los duros momentos actuales vividos en esta nación andina.
«El Congope, hoy y siempre, rechazará cualquier acción que afecte la dignidad y los derechos de las prefectas y los prefectos del país», sentenció el ente.
Asimismo, recordó que actualmente, esas dignidades laboran en condiciones adversas, con falta de recursos económicos y sin apoyo del gobierno central, ante lo cual solicitaron respeto a su representación y conminaron a las autoridades al diálogo con las prefecturas.
La postura del Congope se da tras la decisión de un tribunal de revisar las medidas vigentes contra Pabón, procesada por supuesta rebelión durante las protestas nacionales ocurridas en octubre de 2019 contra medidas económicas de corte neoliberal dispuestas por el gobierno, lo que podría derivar en su encarcelamiento.
En el caso también son investigados los dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, pero la medida propuesta solo afectaría a Pabón, a quien responsabilizan de intentar pedir asilo político en la embajada de México en Ecuador, lo cual ya fue rechazado por la prefecta y la misión diplomática.
Los procesados, quienes ya enfrentaron prisión desde octubre hasta el 25 de diciembre último por el Caso Rebelión, así como sus defensas, insisten en que no hay elementos para sustentar el delito y consideran el caso como una trama de persecución política contra líderes progresistas opuestos al actual gobierno.
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