Según cifras oficiales, entre 2016 y los dos primeros meses de 2020, 191 mujeres fueron asesinadas bajo distintas circunstancias; sin embargo, 87 casos despertaron el interés de autoridades y expertos por el grado de ensañamiento a la hora de perpetrar el crimen.
A esta realidad se suma la interrogante sobre el grado de participación que cada vez más tienen las mujeres dentro del crimen organizado, fenómeno que por año cobra como promedio más de 400 vidas en la nación centroamericana, refiere un artículo del diario Panamá América.
Sobre el tema, la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Bélgica Bernal, sostuvo que algunas de esas muertes violentas son resultado de la correlación que ellas tienen con algún miembro de grupos delincuenciales.
De acuerdo con la especialista, el surgimiento de pequeñas organizaciones femeninas, especializadas en delitos como fraudes bancarios, clonación de tarjetas y extorsión telefónica, entre otros, está asociado al concepto de empoderamiento, igualdad y competencia con el hombre.
Sin embargo, la realidad es que muchas de las que están tras las rejas son utilizadas para pagar condenas de su pareja o familiares, al tiempo que otras son asesinadas en medio de un ciclo de venganzas por guardar relación con personas vinculadas a delitos, precisó la sicóloga.
Datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario revelan que solo el 20 por ciento de la población delincuencial en Panamá son mujeres, pero cerca del 80 por ciento están arrestadas por trasiego de drogas, esconder mercancías, participar del menudeo y estar vinculadas a un miembro activo de un grupo criminal.
«Pagan por ser mujer, supuestamente la parte más débil de la delincuencia, pero si delinquen, les va peor, y son victimizadas doblemente, porque tienen hijos que no pueden criar y parejas que no pueden atender por estar cumpliendo condenas», afirmó Bernal.
Criterio con el que coincide el investigador social Gilberto Toro, quien aseguró que no son miembros activos ni importantes dentro de la estructura delincuencial, “son hermanas, madres, esposas o vecinas que tienen un valor sentimental para los miembros de las pandillas, lo que las hace blanco para venganza o mensajes de advertencias entre enemigos».
Y es que en medio de la guerra entre bandas, ellas se llevan la peor suerte como el caso ocurrido en abril último al oeste de la capital panameña, donde una mujer y su hijo de tres meses fueron asesinados en medio de un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales, a uno de los cuales pertenecía su pareja sentimental.
Estadísticas de la unidad de homicidio del Ministerio Público (MP) develan que las edades de las féminas asesinadas en los últimos años oscilan entre los 18 y 36 años, porque «ser la pareja de un miembro prominente de una pandilla o del crimen organizado es atractivo para las jóvenes, sobre todo en aquellas que buscan reconocimiento sobre otras mujeres».
Pero este no es el único problema al cual se enfrenta el llamado sexo débil en el contexto de la violencia; otro, cada vez más visible, las acecha hasta dentro de sus propios hogares.
FEMINICIDIOS EN PANDEMIA
Desde las redes sociales o a través de las frías estadísticas emerge el feminicidio, un fenómeno de vieja data en Panamá acrecentado en medio de la pandemia de Covid-19, que entre enero y junio del actual año acumuló 23 casos, 11 más con respecto a igual periodo de 2019, según el MP.
De esta forma, el 2020 se ubica como el segundo año con más víctimas fatales por violencia de género, si tenemos en cuenta que el 2015 registró 29 casos.
Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Científicas de las Ciencias Sociales (Cenics) de la Universidad Santa María La Antigua reflejó que el 71 por ciento de los 115 feminicidios reportados en Panamá entre enero de 2014 y diciembre de 2018 ocurrieron en el hogar, y el resto en lugares públicos y apartados.
Según la pesquisa, la mayoría de las víctimas vivían con su pareja, 38 estaban casadas y 18 solteras, al tiempo que las armas blancas y de fuego figuran entre las más usadas para cometer los asesinatos, los cuales se concentran en las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí y Panamá Oeste.
Otro aspecto importante de la investigación es que la mayoría de las asesinadas (109) son mujeres blancas y afrodescendientes de entre 18 y 35 años, a las que se suman seis indígenas.
En declaraciones al diario La Prensa, el sociólogo Luis Carlos Herrera, uno de los cinco investigadores que realizaron el estudio, resaltó la necesidad de incorporar estrategias sobre prevención de la violencia y asistencia a las víctimas, además de concientizar a la sociedad sobre este flagelo que causa luto, dolor y daño sicológico a la familia.
Más de 400 mujeres, entre ellas 200 por violencia doméstica, recibieron ayuda en Panamá desde el inicio de la cuarentena obligatoria por la Covid-19 el pasado 25 de marzo.
Según la jefa de asesoría legal del Instituto Nacional de la Mujer, Omaris Martinau, esta medida obligó a las víctimas a convivir con sus agresores, de ahí que la entidad habilitó dos líneas telefónicas para atender las denuncias y ofrecer orientación.
Ante la posibilidad de un aumento de estos casos, la Defensoría del Pueblo desarrolló la campaña informativa «Cuarentena sin violencia», donde alertaron sobre la vulnerabilidad que pueden enfrentar mujeres y niñas en el hogar en medio del confinamiento domiciliario.
En el mundo, una de cada tres féminas sufre maltrato físico, abuso sexual o de otra clase a manos de alguien conocido por ellas, en la mayoría de los casos, refieren estudios de ONU-Mujeres.
Sin embargo, los servicios públicos de calidad para la salud mental rara vez tienen en cuenta a las mujeres, su seguridad y el proceso que deben atravesar para recuperarse de la violencia, razón por la cual Panamá da pasos importantes a fin de mejorar esta situación.
Datos de la Organización Mundial de la Salud develan que la exposición a eventos traumáticos, como resultado de la violencia femenina, puede causar estrés, trastornos del sueño, miedo, desolación, depresión y hasta intentos de suicidio.
El «vacío legal» impuesto por la Covid-19, tras las medidas de restricciones y cierres, no solo dejó desamparadas a las víctimas de la violencia, sino también a muchas embarazadas con contratos suspendidos, trabajadoras informales o desempleadas.
Por ello no es casual que un por ciento nada despreciable de las mujeres panameñas se sientan invisibles en medio de esta situación que les reserva la peor parte de la crisis económica y social del país, a pesar de ser el rostro más visible en la atención a los enfermos, de la familia en el hogar y de la educación a distancia de los hijos.
arb/npg
*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Panamá
