Un sondeo del Instituto de Democracia de Israel señaló que el 66 por ciento de los entrevistados estimó que el Tribunal Supremo debería tener el poder de derogar normativas aprobadas por el Parlamento.
Precisamente, el plan presentado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, restringirían la capacidad de la corte para rechazar leyes debido a la llamada cláusula de anulación, que permitiría al hemiciclo volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
También permitiría a los ministros designar a sus propios asesores legales y le daría al Gobierno control total sobre la selección de jueces.
Pero la encuesta destacó que el 63 por ciento de los israelíes considera que el Comité de Selección debe mantener su equilibrio entre jueces y políticos, en tanto 58 por ciento rechazó cambiar el proceso de designación de los asesores legales.
El 70 por ciento de los interrogados abogó por el diálogo para buscar una solución a la crisis desatada por la propuesta.
El presidente Isaac Herzog pidió negociaciones, pero la coalición gubernamental se negó a detener el proceso legislativo como exige la oposición para sentarse a conversar.
La reforma desencadenó masivas protestas de diversos sectores israelíes: desde la izquierda y árabes hasta empresarios.
Más de 400 exfuncionarios israelíes de seguridad advirtieron la pasada semana que el proyecto causará daños durante generaciones en esta nación levantina.
En una carta pública enviada a Herzog, los firmantes alertaron sobre los peligros de esa normativa.
El grupo incluye a antiguos jerarcas policiales y del Shin Bet y el Mossad (servicios de seguridad interior y exterior, respectivamente).
De forma paralela, unos 550 excomandos navales de la unidad de élite Shayetet 13 instaron en otra carta al ministro de Defensa, Yoav Gallant, a oponerse al plan.
Días atrás más de 50 destacados economistas de universidades estadounidenses, incluidos 11 premios Nobel, criticaron también la propuesta
Medios de prensa nacionales reportaron que ya comenzó la fuga de capital ante la incertidumbre causada por la normativa y el temor a un conflicto interno de mayor magnitud.
A finales de enero durante una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu varios empresarios le advirtieron que eso pasaría.
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