Lo que vive el país con Lasso es igual a lo que vivimos con Moreno, son los gobiernos de las offshore, los paraísos fiscales. ¡Diferentes rostros, mismo libreto de la corrupción!, aseveró en Twitter el asambleísta Ronny Aleaga.
Por otro lado, ciudadanos y políticos critican a la Fiscalía por la demora para acusar al exgobernante y el momento en que lo hace, justo cuando crecen las denuncias contra Lasso por el Caso Encuentro, referido a la supuesta corrupción en el gobierno y aparentes nexos con la mafia albanesa.
Lo de Moreno se sabía hace cinco años, afirmó el exjefe del Ejecutivo Rafael Correa, quien calificó a la fiscal Diana Salazar de sinvergüenza por encubrir todo este tiempo a su sucesor para perseguir a los líderes de la Revolución Ciudadana.
La legisladora de ese movimiento Gissela Garzón señaló que “justicia que tarda no es justicia” y advirtió también que el caso INA Papers -renombrado ahora Sinohydro y por el cual buscan acusar a Moreno de cohecho- coincide con el avance de las pesquisas contra Lasso.
Andrés Arauz, quien fuera candidato a la Presidencia de la República en 2021, notó que camuflado entre los acusados contra quienes la Fiscalía formulará cargos está José Eduardo Carmigniani, abogado del cuñado de Lasso, Danilo Carrera, para el Caso Encuentro y también del propio presidente en el escándalo Pandora Papers.
De acuerdo con la fiscal general, Diana Salazar, Moreno y otras 36 personas están vinculadas a una supuesta estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair que habría desarrollado acciones ilícitas de 2009 a 2018.
Las denuncias contra el exmandatario partieron de una investigación que involucra directamente a la empresa INA Investment Corporation, creada por Edwin Moreno, la cual, supuestamente, lleva parte del nombre de las hijas del exjefe de Estado.
Según la documentación, esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank, de Panamá, desde las cuales se adquirieron objetos de lujo para un departamento de Moreno en Ginebra (Suiza).
La Fiscalía ecuatoriana precisó que si tras la formulación de cargos el juez ordenase la detención de Moreno de manera preventiva, su actual estancia en Paraguay no evitaría que sea enviado a Ecuador ya que ambos gobiernos cuentan con un convenio de asistencia penal vigente.
Entretanto, quien fuera presidente de 2017 a 2021 asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación del proyecto Coca Codo Sinclair.
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