Aunque ya no se encuentra en funciones, los asambleístas decidieron censurarlo, con 105 votos a favor, lo cual implica que no podrá ejercer en el plazo de dos años ningún cargo en el sector público.
Carrillo, quien ocupó esa cartera entre marzo y septiembre de 2022, defendió su gestión durante alrededor de dos horas y acusó al Legislativo de tomar represalias políticas contra un ministro “incómodo”.
Sin embargo, una parlamentaria de la Revolución Ciudadana, Jhajaira Urresta, expuso entre los argumentos para castigar al exfuncionario que durante las protestas de junio del año pasado hubo clara violación de la autonomía de las universidades, así como un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza.
La asambleísta también mencionó que hubo “actuaciones y respuestas tardías” de la Policía Nacional ante el femicidio de María Belén Bernal por la falta de acciones oportunas para evitar la fuga de Germán Cáceres, quien luego de su captura confesó el crimen.
Por su parte, el legislador Peter Calo, de Pachakutik, apuntó que el procedimiento de juicio político contra Carrillo obedece a la potestad de la Asamblea de fiscalizar a funcionarios que vulneran los derechos humanos.
Otro de los argumentos por los cuales el exministro resultó censurado fue la crisis de inseguridad en el país, a lo cual él respondió que esa situación no responde a su gestión de apenas unos meses.
Carrillo es el segundo exministro del gobierno del presidente Guillermo Lasso que la Asamblea Nacional prohíbe ejercer cargos públicos por un periodo determinado, pues Ximena Garzón, extitular de Salud, también fue censurada el pasado 14 de febrero.
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