Por Nayara Tardo Azahares
Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador
El profesor de la Universidad Central ecuatoriana, Dimitri Madrid, asegura que para entender la causa de esas comunidades es necesario conocer y respetar su historia, costumbres y tradiciones.
En una entrevista exclusiva con Prensa Latina, Madrid recordó que la historia del Ecuador no se puede contar al margen de la existencia de los pueblos indígenas que estuvieron asentados antes de la llegada de Cristóbal Colón.
Madrid explicó que, con el arribo de los españoles y la conquista, se originó un proceso de despojo, donde los territorios que pertenecían a las comunidades indígenas fueron apropiados por la aristocracia española que se empezó a instalar en este país.
Luego, en el período de la República -especificó- tiene lugar un proceso de invisibilización de la existencia de los pueblos indígenas.
Sin embargo, en los últimos 30 años ha ocurrido una reapertura y un aparecimiento público del movimiento indígena con sus propias organizaciones para evitar que los problemas del país se resuelvan al margen de los problemas de las comunidades indígenas.
La Conaie, más que una organización
En el Ecuador, los pueblos indígenas están ubicados en la sierra, en la Amazonía y un grupo más pequeño en la costa.
Cada una de esas comunidades se agrupa en tres organizaciones diferentes, pero con un mismo objetivo, explicó Madrid.
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) que reúne a las comunidades de la sierra, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), detalló.
Pero, es la Confederación de Nacionaliades Indígenas de Ecuador (Conaie) la organización matriz donde confluyen estas tres estructuras, dijo el investigador.
“La Conaie se configura a finales del siglo pasado, entre 1980 y el 2000”.
Por aquel entonces -destacó- existían centrales sindicales muy poderosas en cuyo interior estaban representadas muchas de las comunidades indígenas, pero con un relato básicamente clasista en el que las agendas de los pueblos indígenas eran tocadas solo de manera más tangencial.
“Esto se debía a que el modelo de organización no daba para que alrededor de las centrales sindicales apareciera, se discutiera y se levantara como agenda de lucha, las reivindicaciones básicas que tenían los pueblos indígenas”.
Reivindicaciones que, según el investigador ecuatoriano podían parecer muy simples, pero eran fundamentales.
Y el primer ejemplo -detalló- es el hecho de que el Estado reconozca su existencia, como comunidades interlocutoras con agendas propias.
Lo segundo, apuntó Madrid, es el tema de la educación intercultural bilingüe. “Los pueblos originarios tienen derecho a educarse en su propia lengua”.
Y tercero, y no menos importante, es la cuestión del respeto a sus territorios ancestrales, como espacios que forman parte de nacionalidades y dentro de los cuales existen códigos, procesos, formas de organización que son singulares, específicas y que tienen que ser respetadas dentro de un tratamiento de diversidad, manifestó. La Conaie surgió precisamente para defender estos temas y luchar contra de la configuración de un Estado que, en el caso de Latinoamérica, y de los países donde ha habido población indígena, han sido Estados racistas y racialistas, en donde el tema indio ha sido postergado, reiteró Madrid.
La lucha contra la minería ¿i-legal?
Para Madrid, la minería ilegal está rompiendo los sistemas de vida en una gran cantidad de comunidades indígenas en Ecuador.
Es un tema terriblemente complejo -apuntó- porque alrededor de la minería “legal” están las grandes transnacionales estadounidenses, chinas, europeas y canadienses.
En enero de este año, el gobierno de Guillermo Lasso declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional tras identificar sus vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas.
En cambio -detalló- la declaratoria vino acompañada con la decisión de que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garanticen el trabajo de las concesiones mineras legales, con la justificación de que estas últimas aportan al crecimiento de la economía y, por tanto, deben recibir la protección del Estado.
Un hecho que ha generado desacuerdos entre el movimiento indígena y el gobierno ecuatoriano, pues en respuesta al anuncio, la Conaie aseguró que los pueblos originarios impedirían que las fuerzas de seguridad entraran en sus territorios.
En este sentido, Madrid alertó que no se puede hacer minería a cielo abierto sin romper la biodiversidad. Es el modelo depredador de occidente el que se ha impuesto en estas zonas.
“La minería en cualquiera de sus facetas trae complejidades sociales grandes”.
Octubre y junio de 2022 fueron la expresión de la indignación frente al interés de los gobiernos de turno de implantar políticas neoliberales, de subir los precios de los combustibles y de arrasar con los pueblos indígenas a través de políticas de créditos que dejan endeudadas a esas comunidades, concluyó el investigador.
Paro, persecución y asesinatos
El 13 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie)inició una serie de movilizaciones en gran parte del territorio nacional contra medidas económicas de corte neoliberal y en espera de respuestas a una agenda de 10 puntos planteadas al ejecutivo desde 2021.
Recientemente, el sector indígena sostuvo que, tras el paro, los acuerdos alcanzados entonces con el gobierno estaban aun incumplidos y anunciaron la ruptura del diálogo establecido con la administración.
Luego del anuncio, el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, denunció la persecución contra su persona y otros líderes de la organización.
Iza se refirió a los disparos recibidos en su vehículo durante el paro de junio de 2022 y alertó que 10 miembros del Consejo de la Conaie recibieron amenazas.
La denuncia de Iza tuvo lugar luego del asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de esa organización indígena en el país sudamericano.
Días antes de su muerte -detalló Iza- Mendúa había responsabilizado a la empresa estatal Petroecuador y al Gobierno de Guillermo Lasso por la violencia generada en la comunidad Dureno, en Sucumbíos.
“El Gobierno está instalando la violencia, el narcotráfico y el sicariato en nuestras comunidades, es su responsabilidad la muerte de nuestro compañero”, recalcó el líder indígena.
De igual forma, declaró que previo a la muerte de Mendúa, la Conaie alertó 13 veces sobre las amenazas que se estaban dando en el territorio de Kofán, desde 2022 tras la apertura de nuevos campos petroleros en Dureno.
Para la Conaie, el asesinato del líder de la etnia kofán, es un mensaje para el resto de los territorios donde se están llevando a cabo más explotaciones, pues el Gobierno declaró 11 proyectos mineros como zonas de seguridad jurídica.
El asesinato de Eduardo Mendúa ocurrió luego de que la Conaie rompiera el diálogo con el Gobierno establecido luego del paro de junio pasado y llamara a la renuncia de Lasso por incumplir los acuerdos pactados y también por el escándalo de corrupción y vínculos con el narcotráfico de su administración.
Varios analistas consideran que con ese tipo de acciones están precipitando la reacción del movimiento indígena contra el Ejecutivo y, a su vez, puede ser una maniobra para desatar un baño de sangre de dirigentes populares en Ecuador.
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