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Presidente de Ecuador a las puertas de un juicio político

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Quito, 28 feb (Prensa Latina) El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se encuentra hoy a las puertas de un juicio político por cometer "delitos contra la seguridad del Estado".

Así lo indica el borrador del informe de la comisión multipartidista de la Asamblea Nacional que investigó durante más de un mes los presuntos actos de corrupción en empresas públicas y los aparentes vínculos del gobierno con el narcotráfico.

Hemos culminado nuestra pesquisa y mañana debatiremos las conclusiones, informó la asambleístas Viviana Veloz, presidenta de la comisión.

Ningún poderoso está por encima de la Constitución y la Ley. ¡Al Ecuador nosotros no le fallamos!, expresó la legisladora.

El informe, de 221 páginas, argumenta que la decisión de pedir un juicio político se basa en las facultades de control que tiene el parlamento unicameral y ese mecanismo es “una vía democrática y constitucional” para proteger a los ciudadanos “ante la arbitrariedad del poder y sus gobernantes“.

El texto asegura que el presidente “interfirió” en el proceso investigativo que llevaba adelante la Fiscalía General del Estado y permitió “el cometimiento de delitos execrables que pusieron en gravísimo riesgo la seguridad pública”.

El documento, cuya versión final será discutida mañana, señala que Lasso omitió su deber de denunciar las supuestas relaciones de personas allegadas a él con empresarios albaneses ligados al narcotráfico, “lo cual constituye un delito”.

El próximo viernes esa propuesta será sometida al análisis del pleno de la Asamblea.

El juicio político está contemplado en el artículo 129 de la Constitución, y para llevarlo adelante se requiere que la solicitud sea presentada por una tercera parte (46) de los integrantes del Parlamento y también debe recibir el dictamen previo de la Corte Constitucional.

De ser aprobado el proceso asumiría el vicepresidente, Alfredo Borrego.

El Gobierno de Lasso quedó muy debilitado luego del revés electoral de su propuesta de referendo constitucional y existen vaticinios de que no llegará al final de su mandato, previsto para 2025.

En medio de todo ese escenario organizaciones populares de indígenas, trabajadores y estudiantes reclaman su salida del poder y, aunque han descartado por ahora un paro general, convocan a movilizaciones.

mgt/avr

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