El plan nacional de inmunización arrancó en febrero último gracias a donaciones y desde marzo transcurre en medio de críticas por desorden y lentitud, fundamentalmente porque Salud debe ajustarse a las dosis de vacunas con que cuenta ante retrasos en los envíos tanto por el mecanismo Covax como por el Fondo de Inversión Directo de Rusia.
Desde el pasado 4 de mayo, la cartera abrió la fase dos, la cual incluye a los mayores de 70 años, luego de cubrir al personal sanitario en primera línea de combate a la Covid-19, que paralelamente estará recibiendo la segunda dosis de AstraZeneca.
Sin embargo, ante la posibilidad de que buena cantidad de este inmunizador caduque por la poca receptividad al llamado, la víspera el presidente, Alejandro Giammattei, anunció la apertura del rango de edad hasta 65 años.
Por su parte, la ministra de Salud, Amelia Flores, confirmó la entrada al país de la variante británica del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, y admitió la complejidad del programa de vacunación a pesar de la apertura de más de 500 centros peatonales y vehiculares, así como del registro en línea y en quioscos.
También hay reclamos, sobre todo del área rural, porque la información sobre la logística para inmunizar a los adultos mayores no ha llegado con claridad a las comunidades indígenas, las cuales lidian no solo con el infortunio del acceso a la tecnología, sino también con la poca pertinencia cultural de los mensajes.
Con 240 mil 170 casos acumulados de la Covid-19 y siete mil 845 fallecidos hasta el corte de ayer, este país espera el lunes próximo otro lote de 50 mil dosis de la Sputnik V y a finales de mes un nuevo cargamento de AstraZeneca, ambos comprados por el Gobierno.
De otro lado, el jueves último el Congreso puso fin a su primer periodo ordinario de sesiones con la aprobación de reformas a la Ley de Zonas Francas, tan polémica como las realizadas a la de Contrataciones del Estado a finales de abril, al punto de que organizaciones sociales y hasta empresariales exigen su veto a Giammattei.
Alineados al Ejecutivo en su plan de reactivar la economía, los diputados dejaron nuevamente en suspenso la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, un tema candente que data de octubre de 2019, cuando debieron renovarse ambos tribunales.
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