Eso significa que los nuevos alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales contarán con un 5,5 por ciento más de asignaciones del Estado frente a quienes están ahora en esos cargos y concluyen su gestión en mayo.
De acuerdo con Arosemena, esos recursos adicionales podrán invertirse en más obras públicas para mejorar la calidad de vida de la población e impulsar aún más la microeconomía.
Esos fondos corresponden al llamado Modelo de Equidad Territorial, una de las asignaciones legales que el Gobierno central debe entregar a los GAD a partir de lo recaudado por la renta petrolera y los impuestos.
La cantidad se distribuye en función de criterios como el tamaño y la densidad poblacional, el nivel de necesidades básicas insatisfechas y la capacidad propia de cada localidad de recaudar recursos propios.
Este anuncio tiene lugar mientras el presidente Guillermo Lasso cuenta con una aceptación por debajo del 13 por ciento y se enfrenta a la posibilidad de un juicio político en la Asamblea Nacional.
Cifras oficiales del Banco Central indican que el gobierno actual registra la inversión pública más baja en los últimos 10 años.
El economista Marco Flores, entrevistado en la emisora local Radio La Calle, detalló que eso se refleja en el desabastecimiento en los hospitales, destrucción de infraestructuras públicas, incremento de la inseguridad y una nueva ola migratoria.
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