Las grabaciones contienen la conversación entre los generales de la Policía Nacional Giovanni Ponce y Mauro Vargas, que decidieron cerrar el informe Gran Padrino para no afectar al mandatario ecuatoriano.
El informe que la Fiscalía bautizó como Caso Encuentro, recoge los posibles vínculos del gobierno con una supuesta red de corrupción en empresas públicas liderada por El Gran Padrino, como denominaron a Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
En otro de los audios develados por La Posta este martes, la excomandante de la policía, Tannya Varela confirma que el gobernante andino conocía del informe sobre vínculos de la mafia albanesa con su círculo íntimo.
Por su parte, la asambleísta Viviana Veloz también denunció este lunes que Lasso conocía de los actos de corrupción en empresas públicas hace un año.
Según Veloz, el 22 de marzo de 2022, el exgerente de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Jhonny Estupiñán, envió una carta al jefe de Estado para advertir sobre actos de corrupción en esta compañía pública.
De acuerdo con Veloz, en la misiva Estupiñán denunció que Hernán Luque Lecaro, quien lideraba el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, había creado un esquema para usufructuar ilegalmente de los recursos de la petrolera.
En el documento -dijo Veloz- se describe además varias irregularidades en algunos contratos de esa empresa por lo que Estupiñán advirtió que se debían revisar todos los acuerdos de flete que mantenía Flopec con empresas extranjeras.
Veloz también alertó que, por denunciar estos hechos, Hernán Luque Lecaro le pidió la renuncia a Jhonny Estupiñán.
La saga de corrupción ha debilitado al gobierno de Guillermo Lasso, quien se encuentra a las puertas de un juicio político por omitir delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.
Mientras los ecuatorianos continúan a la espera de la presentación oficial de una solicitud para el proceso judicial luego de que la Asamblea Nacional aprobara la semana pasada un informe con esa recomendación, el Ejecutivo niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y naciones aliadas.
Por otro lado, diversas organizaciones sociales y políticas se suman a los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
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