Los datos fueron emitidos por la Superintendencia de Compañías y la bitácora presidencial.
La Superintendencia de Compañías aportó documentos sobre la relación comercial y las empresas vinculadas con la mafia albanesa, mientras que la bitácora de la Presidencia de la República contiene detalles sobre las visitas de implicados en este hecho de corrupción alrededor del círculo más cercano al presidente Guillermo Lasso.
La asambleísta Viviana Veloz dijo que el objetivo era transparentar la información relacionada con la saga de corrupción en el país sudamericano.
Veloz precisó que el informe será digitalizado y entregado a los 137 legisladores.
No se abrirá una nueva investigación en la Asamblea ni se creará otra Comisión, es para que toda la ciudadanía pueda conocer esta información, señaló Veloz.
Este martes, el diario digital La Posta también reveló nuevos audios que confirman que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sabía de los actos de corrupción y narcotráfico en el país sudamericano.
Las grabaciones contienen la conversación entre los generales de la Policía Nacional Giovanni Ponce y Mauro Vargas, que decidieron cerrar la pesquisa Gran Padrino para no afectar al mandatario ecuatoriano.
El informe, que la Fiscalía bautizó como Caso Encuentro, recoge los posibles vínculos del Gobierno con una supuesta red de corrupción en empresas públicas, liderada por El Gran Padrino, como denominaron a Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
En otro de los audios develados por La Posta este martes, la excomandante de la policía Tannya Varela confirma que el gobernante andino conocía sobre los vínculos de la mafia albanesa con su círculo íntimo.
La saga de corrupción debilitó al gobierno de Guillermo Lasso, quien se encuentra a las puertas de un juicio político por omitir delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.
Mientras los ecuatorianos continúan a la espera de la presentación oficial de una solicitud para el proceso judicial, luego que la Asamblea Nacional aprobara la semana pasada un informe con esa recomendación, el Ejecutivo niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y naciones aliadas.
Por otro lado, diversas organizaciones sociales y políticas se suman a los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
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