Así lo informó Casa Presidencial al convocar a los medios a asistir al medio día al Parlamento para divulgar la acción del gobierno que busca poner coto a la actividad de las pandillas.
La medida está vigente desde el 27 de marzo de 2021 cuando el país registró un fin de semana con un saldo de cerca de 87 fallecidos por acciones violentas protagonizadas por las pandillas.
Desde esa fecha hasta ahora el país disminuyó el índice de homicidios a menos de dos por cada 100 mil personas para convertirse en uno de los más seguros de las Américas, según señala la propaganda oficial.
A tan solo 12 días de cumplir un año con el actual régimen de excepción, el Ministerio de Seguridad informó a través de la plataforma de Twitter que presentarán una nueva solicitud de prórroga al Parlamento.
Según el último informe del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, con la medida que arropa al Plan de Control Territorial ya se produjo el arresto de más de 65 mil pandilleros a los que se les ocuparon importantes logísticas y dinero estimado en 1,7 millones de dólares.
A casi 12 meses de su aprobación, la norma permite prolongar el periodo de detención de una persona, intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y suspender ciertos derechos de defensa, acciones consideradas violatorias de la Constitución y de los derechos humanos.
El destino de la mayoría de los arrestados será la cárcel de máxima seguridad construida en Tecoluca, San Vicente, con capacidad para cerca de 40 mil reos, aunque estimados de organizaciones internacionales señalan que esa cantidad viola regulaciones internacionales sobre el espacio mínimo que debe disponer un preso.
El diario británico Financial Times señaló que aquí solo dispondrán de 60 centímetros cuadrados para vivir, menos del espacio exigido para un encarcelamiento humanitario.
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