Un reporte preliminar de la Oficina del Médico Forense Jefe en Richmond identificó la asfixia como una causa del fallecimiento y se determinó que la víctima fue retenida en el suelo con esposas y grilletes durante 12 minutos por siete policías, hecho en el que también resultaron implicados tres empleados del hospital.
De acuerdo con el fiscal del condado, los agentes del orden “asfixiaron hasta la muerte” a Irvo mientras lo sujetaban; entretanto Ben Crump, abogado de derechos civiles, afirmó que el joven de 28 años no fue violento ni agresivo con los agentes en el proceso de arresto y admisión en la instalación asistencial el pasado 6 de marzo.
“Usted ve en el video que está inmovilizado con esposas, tiene grilletes en las piernas, y en la mayor parte del video ve que parece estar entre la inercia y la inconsciencia, pero aun así lo ve siendo inmovilizado tan brutalmente con una rodilla en su cuello”, advirtió Crump la víspera, citado por la cadena CNN.
El jurista recordó que al igual que el arresto y la muerte de George Floyd en Minneapolis en 2020, Otieno estaba boca abajo y sujetado.
“¿Por qué alguien no tendría suficiente sentido común para decir que hemos visto esta película antes?”, preguntó.
La reseña de la televisora destacó que a Irvo Otieno le apasionaba la música e intentaba convertirse en un artista de hip-hop, y era un originario de Kenya que llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años.
Su familia ahora exige respuestas sobre cómo un músico prometedor que presentaba lo que llamaron una crisis de salud mental terminó muerto, y por qué nadie lo defendió y evitó tal desenlace, añadió CNN.
El caso vuelve a colocar sobre el tapete de la opinión pública los ya recurrentes excesos, brutalidad y violencia de la policía en Estados Unidos, y la muerte de Otieno es apenas una más en la larga lista de sucesos trágicos que involucran a la institución.
El pasado año, al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de Floyd, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva destinada a reformar las prácticas policiales.
La medida pretende permitir un mayor control de la contratación de las fuerzas del orden, así como la capacitación, la supervisión y la rendición de cuentas en los casos de violencia policial o armada, especialmente contra la comunidad negra.
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