El mandatario determinó que las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio o participación tributaria esté integrado de un 50 por ciento o más por recursos públicos serán sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Eso significa que las entidades privadas con manejo de recursos públicos no serán sujetas a auditorías de la Contraloría.
De esa forma, el Gobierno limitó las facultades de esa institución a las personas jurídicas y de derecho privado, como entidades financieras, bancarias, compañías o sociedades mercantiles, de seguros, entre otras.
El presidente hace normas para fomentar la impunidad y la arbitrariedad, expresó la asambleísta Viviana Veloz, quien lidera el pedido de juicio político del gobernante por delitos contra la administración pública al ocultar presuntos hechos de corrupción en empresas estatales.
“Lasso blinda a los banqueros ante la Contraloría” y “Lasso protege a sus colegas banqueros” son algunos de los titulares de medios alternativos para dar a conocer la noticia.
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