Con un plantón en las afueras del organismo judicial, en Quito, representantes de organizaciones como el Comité 2 de octubre, la Asamblea Nacional Ciudadana (ANC) y el Partido Comunista Ecuatoriano pidieron a los integrantes de la Corte aceptar el pedido para destituir a Lasso.
“Fuera, Lasso, fuera” fue el coro repetido una y otra vez, apoyado con las bocinas de autos que por allí transitaban, para mostrar a la instancia judicial la opinión de la ciudadanía respecto a la solicitud de la Asamblea Nacional (parlamento) para enjuiciar al mandatario.
Uno de los activistas de la ANC, Pablo Iturralde, comentó a Prensa Latina que se mantendrán movilizados esta semana, cuando se espera el pronunciamiento de la Corte que podría dar paso al juicio político.
La jueza Teresa Nuques, quien fue designada el pasado viernes en un sorteo para emitir su parecer sobre el procedimiento, presentó hoy al resto de los magistrados su dictamen, cuyo contenido aún se desconoce.
Independientemente de su decisión de aceptar o no el juicio político, corresponde a los nueve integrantes de la Corte decidir el futuro de ese mecanismo previsto en la Constitución.
A partir de ahora el presidente de la Corte, Alí Lozada, tiene 24 horas para convocar a sesión y otras 48 horas para emitir el dictamen final para determinar si procede el enjuiciamiento del gobernante impulsado por los legisladores Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo.
Los asambleístas apelan al artículo 129.2 de la Carta Magna y acusan a Lasso de incurrir en los delitos de concusión y peculado por hechos de corrupción en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, en Petroecuador, y en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.
El partido Unidad Popular presentó a la Corte Constitucional un amicus curiae, que consiste en entregar argumentos jurídicos y formales para apoyar la decisión de iniciar un proceso de juicio político contra el jefe del Ejecutivo.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan el fin del mandato de Lasso, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Los diferentes trámites del juicio político contra el presidente Lasso podrían tomar más de un mes en caso de que sea admitido por la Corte Constitucional.
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