El gobernante andino anunció que haría pública una lista de legisladores con supuestos vínculos con organizaciones del narcotráfico y que brindará información de cada asambleísta a los ecuatorianos para que «sepan el listado de sus fechorías», reveló.
En respuesta a Lasso, la Asamblea Nacional (parlamento) calificó sus declaraciones como un intento desesperado de responder a la crisis política del Ecuador.
Varios asambleístas consideran que esto sería una amenaza ante el juicio político en su contra.
Los legisladores aseguraron que esta no es la primera ocasión que el mandatario hace este tipo de anuncios. La última vez -detallaron- acusó a cinco parlamentarios de solicitarle cargos y luego pidió a la Fiscalía el archivo de este proceso.
Asimismo, la legisladora de Izquierda Democrática, Johana Moreira, alertó que no se necesitan más confrontaciones ni un presidente que trate de amenazar para evitar una posible censura y destitución, sino uno que “haga las cosas como le corresponden”, precisó.
El futuro del presidente Lasso, quien anunció que acudirá a defenderse ante el Parlamento, está hoy en manos de ese órgano legislativo, que deberá tramitar el pedido de juicio político aprobado la víspera por la Corte Constitucional.
Luego, el máximo órgano de control y administración de justicia constitucional, deberá notificar el dictamen al presidente de la Asamblea quien, en un plazo máximo de tres días, pondrá la decisión en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y de allí el proceso pasará a la Comisión de Fiscalización que debe decidir si recomienda o no el procedimiento en un plazo de 30 días.
Una vez esté listo el informe el jefe del legislativo convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento, donde el mandatario tiene derecho a defensa y para aprobar su destitución se deberá contar con el voto de 92 asambleístas de un total de 137.
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