En una intervención de casi 20 minutos transmitida en cadena nacional, el mandatario insistió en que con ese procedimiento sus opositores pretenden «asesinar» su reputación y la de su familia.
Afirmó que, aunque no la comparte, respeta la decisión de la Corte Constitucional, institución que la víspera dio luz verde al Legislativo para continuar con el enjuiciamiento político.
El jefe del Ejecutivo ecuatoriano aseguró que no hay pruebas en su contra de malversar recursos públicos, pues el contrato en el cual basan la acusación fue firmado en 2018, antes de él ser presidente y, según dijo, la Fiscalía ni siquiera ha abierto una investigación por ese motivo.
Lasso se refirió así a la acusación de irregularidades en la contratación de buques para el transporte de crudo por parte de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Sin embargo, no mencionó que la denuncia argumenta cómo siendo ya presidente el jefe de Flopec, Johnny Estupiñán, lo puso al tanto de los hechos ilícitos y no hizo nada al respecto.
Para Lasso, el juicio político se sustenta en pruebas fraudulentas y señaló que los jueces de la Corte recibieron presiones, en alusión a los plantones y protestas de organizaciones sociales a favor de su salida del poder no solo por los hechos de corrupción, sino por el abandono estatal.
También consideró que «hay asambleístas que buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia».
En su extenso discurso, Lasso ni siquiera insinuó un eventual uso de la herramienta de la «muerte cruzada», mediante la cual podría disolver la Asamblea Nacional, ni tampoco explicó cómo asumirá su defensa.
Este viernes, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) se reunirá para iniciar la tramitación del pedido de juicio político, pero esa será una reunión formal, pues quienes deberán profundizar en el caso son los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
Esa mesa parlamentaria deberá emitir en 30 días un informe en el cual recomendará o no el enjuiciamiento del mandatario, pero corresponderá al pleno de la Asamblea Nacional decidir sobre la destitución del jefe del Ejecutivo.
Su salida anticipada del poder tendría que contar con el respaldo de 92 asambleístas, de un total de 137, y, en caso de concretarse, asumiría el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el tiempo que le resta al actual periodo de mandato, es decir, hasta 2025.
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