En una carta conjunta, los expertos legales añadieron que esa nueva disposición convertirá al país en un caso atípico dentro de las legislaciones de su tipo en el continente europeo.
De acuerdo con los especialistas, algunos de ellos de entidades como el King’s College de Londres y la Universidad de Glasgow, los sindicatos deberán socavar sus propias manifestaciones, “en un conflicto intolerable con sus propios miembros”.
Los letrados aseguraron que la decisión no tiene precedentes en la normativa británica y elimina significativas protecciones para los trabajadores a nivel individual, lo cual los expone al riesgo del despido y la victimización.
En su consideración, la medida no resolverá la actual ola de protestas, pues el único camino es la negociación y el acuerdo, en lugar de la introducción de prohibiciones aún más estrictas, dentro de las cuales incluyen la Ley de Sindicatos, aprobada en 2016.
Los efectos acumulativos de esta limitación al derecho del trabajador en la defensa de los términos y condiciones de su empleo, colocarían a Reino Unido “fuera de la corriente principal de las relaciones laborales en países comparables”.
En este sentido, cuando el personal vote de manera democrática y legal por la huelga, los funcionarios pueden obligarlos al trabajo y el despido si no cumplen.
ro/dgh
