Mes y medio después de su condena a tres años de cárcel, dos de ellos en suspenso, por corrupción y tráfico de influencias, Sarkozy se enfrenta a la acusación de fraude por sobrepasar el tope legal de lo que podía gastar durante su carrera hacia el segundo mandato presidencial del país.
Según la fiscalía, el exdirigente se benefició ‘indudablemente’ al disponer de ‘medios mucho mayores’ de los que permitía la ley en esos momentos (22,5 millones de euros), pues su campaña dispuso de al menos 42,8 millones de euros.
Otras 13 personas, exdirectivos de Bygmalion, contables y responsables del partido de Sarkozy, también enfrentan acusaciones de fraude o complicidad en la red que se creo de facturas falsas ideada para ocultar los gastos excesivos de la campaña.
Gracias a un sistema de doble facturación, el precio de los encuentros y mítines se redujo drásticamente y el resto se facturó a la Unión por un Movimiento Popular (UMP), en nombre de convenciones ficticias del partido (actualmente Los Republicanos).
El juicio, previsto hasta el 22 de junio, debió haber comenzado a mediados de marzo, pero se aplazó debido a la hospitalización del abogado de Jerome Lavrilleux, protagonista central del caso y cuyas declaraciones provocaron importantes estragos en las filas de la derecha política.
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