Recientemente, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA) encontró que para el 99.6 por ciento la población salvadoreña el agua es un derecho humano.
El problema está presente y se hace más real cuando autoridades alertan de que el caudal del principal afluente de El Salvador, el río Lempa, podría reducirse hasta un 40 por ciento en el año 2100 sino bajan las emisiones de gases de efecto invernadero.
El gerente de Hidrología de la dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales Roberto Cerón, en una entrevista al Diario El Mundo, manifestó que si “se considera el escenario más pesimista, al año 2050 estamos viendo reducciones en el caudal de los ríos que podrían alcanzar hasta un 20 o 22 por ciento.
Incluso al año 2090-2100, puntualizó, vemos incrementos que pueden llegar hasta un 40 por ciento.
El funcionario expuso que entre los factores que influyen en la disminución de los caudales está el cambio climático, la variación de las precipitaciones, disminución de las lluvias, incremento de la temperatura y evaporación del agua.
El Lempa es el principal río del que se abastece El Salvador, y es el más extenso de Centroamérica, pues nace en las montañas del municipio guatemalteco de Olopa, y se desplaza durante 422 kilómetros por ese país, Honduras y El Salvador hasta desembocar en la costa salvadoreña del Océano Pacífico.
La situación del agua se hace más crítica en el país y en naciones vecinas por extensos períodos de sequía y variaciones en la cantidad de precipitaciones.
El estudio de Iulop mostró que 88 de cada 100 salvadoreños están muy preocupados porque en el futuro ya no exista agua suficiente para todos, el 42.2 por ciento de las personas encuestadas dijeron que la principal razón de la crisis hídrica es porque hay escasez y el 27.5 por ciento estima que en unos lugares tienen agua y otros no.
Durante la última celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, diversas organizaciones defensoras del vital líquido y comunidades afectadas por la injusticia, el robo y el despojo del recurso salieron a marchar para denunciar violaciones a los derechos ambientales por parte del Estado.
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