Los demandantes solicitaron del alto tribunal administrativo la anulación del decreto, al considerar completamente injusto y lesivo para los trabajadores el nuevo sistema de cálculo, el salario diario de referencia (SJR), con el que se establecerá el importe de la prestación.
En concreto el cómputo resultará de dividir el salario percibido entre los días trabajados y una parte de los no trabajados durante el periodo de referencia, lo que penalizará a los demandantes de empleo, a menudo precarios, que alternan los contratos cortos con la inactividad.
El Consejo de Estado ya anuló en noviembre un primer borrador con un modelo similar, alegando que podía crear una ‘diferencia de trato desproporcionada’ entre dos demandantes de empleo que hubieran trabajado el mismo tiempo, pero con ritmos diferentes.
A pesar de que el Gobierno enmendó ligeramente este método lo cierto es que ‘516 mil personas seguirán viendo reducida su prestación mensual en una media del 29 por ciento’, según explicó el sindicato Fuerza Obrera.
También la Confederación General del Trabajo declaró que ‘el pago de las prestaciones sería aleatorio, con el mismo salario y la misma jornada laboral en función de la intensidad de los periodos de paro entre contratos’, lo que supone ‘una ignominia en plena crisis de empleo’.
Por su parte la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, la mayoritaria del país, consideró que ‘estas medidas contradicen el principio de garantía del seguro de desempleo al tener en cuenta los periodos no trabajados’, por lo que ‘generará un número colosal de perdedores’.
Los jueces del Consejo de Estado tendrán un mes para pronunciarse sobre la solicitud de suspensión del decreto en procedimiento sumario y, posteriormente, un plazo de cuatro meses para analizar el fondo del recurso.
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