En la tarde de este miércoles, las asambleístas Viviana Veloz y Mireya Pazmiño, en nombre de los solicitantes del pedido para enjuiciar al mandatario, llevaron a la mesa legislativa 11 pruebas documentales contra el mandatario por presunto peculado (malversación) en un contrato entre las empresas Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker.
Veloz detalló que entre los archivos entregados está un examen de la Contraloría General del Estado que advierte al presidente Lasso sobre supuestas irregularidades en el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker.
Otra de las pruebas que anticipó la asambleísta de la Revolución Ciudadana son las fichas que emitió el exsecretario anticorrupción, Luis Verdesoto, sobre estas presuntas inconsistencias en el contrato; así como un oficio del vicealmirante Johnny Estupiñán.
Igualmente, pidieron la comparecencia de 12 testigos para sustentar la acusación, aunque el oficialismo insiste en la inocencia del jefe del Ejecutivo.
Para el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, es imprescindible «singularizar» las pruebas, es decir, que se enmarquen únicamente en lo relacionado con el peculado, de lo contrario el trámite quedaría en el «limbo».
Con ese argumento, otros legisladores, como Johanna Moreira, de Izquierda Democrática, han mencionado la posibilidad de que la Corte Constitucional (CC) anule el procedimiento que pudiera adelantar el fin del mandato de Lasso.
Sin embargo, el abogado Ismael Quintana aclaró que la CC no tiene competencias para revisar el procedimiento del juicio político, ni menos para declarar nulidades.
De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa, la Comisión deberá tener un informe listo sobre el tema en máximo 30 días, divididos en varias fases.
Por el momento, el cronograma otorga plazo hasta el próximo 16 de abril para que Lasso y su defensa presenten las pruebas de descargo.
Independientemente de la decisión de ese grupo parlamentario, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
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