En una entrevista concedida a ese medio de comunicación británico, Lasso aseguró que disolvería la Asamblea Nacional (parlamento) y convocaría a elecciones anticipadas si no reúne suficiente apoyo entre los legisladores antes de una posible audiencia de destitución.
Financial Times preguntó al mandatario sudamericano si invocaría la cláusula constitucional conocida como muerte cruzada para forzar elecciones tanto para su propio cargo como para una nueva Asamblea, a lo que Lasso contestó -correcto, correcto. Eso es lo que declaro-.
Esta semana, el trámite de juicio político contra Lasso, entró en una nueva fase con la comparecencia de testigos.
Los primeros en presentarse en la tarde de este martes serán el exsecretario Anticorrupción Luis Verdezoto, el exgerente de Petroecuador Hugo Aguiar, y el exsecretario Jurídico de la presidencia Fabián Pozo.
También estaba citado el periodista Anderson Boscán, del medio digital La Posta, el cual divulgó parte de los audios y documentos que vinculan al mandatario con hechos de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Boscán declaró que no asistirá porque mucho de lo publicado lo ha guardado durante meses el presidente de la Comisión Fernando Villavicencio “solo tiene que sacarlo del cajón”.
En total serán unas 40 personas entre funcionarios públicos, asambleístas, constitucionalistas, penalistas y periodistas que rendirán su versión dentro del procedimiento contra el mandatario, acusado de peculado (malversación).
Villavicencio, criticado por actuar de forma parcializada a favor de Lasso, adelantó que todos los testigos deberán referirse exclusivamente a las presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre la empresa Amazonas Tanker y la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
De acuerdo con el calendario preliminar, el propio gobernante está citado para el día 26 de abril, aunque se desconoce si irá personalmente o lo hará a través de su abogado Edgar Neira.
Esta fase está dedicada a escuchar a los testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa debe extenderse por los próximos 10 días y luego la Comisión tendrá otras 10 jornadas para concluir un informe sobre el caso.
Más allá de la recomendación de esa mesa legislativa, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
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