Para este miércoles están llamados una decena de funcionarios, exempleados de empresas públicas y abogados que rendirán su versión sobre las supuestas irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, dedicada al transporte de crudo.
Entre los citados para la jornada de este miércoles están el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, el exgerente general de Flopec Jhonny Estupiñán, y el exsecretario de la Administración Pública Iván Correa.
Las comparecencias de testigos comenzaron la víspera con las declaraciones del exsecretario nacional Anticorrupción Luis Verdesoto, quien confirmó que en 2022 entregó a Lasso fichas con alertas de corrupción en empresas públicas, incluida Flopec.
Tráfico de influencia, sobreprecio, falta de control interno y externo, fueron algunos de los 20 puntos de riesgo que reportó el funcionario en un informe entregado al gobernante, aunque aclaró que esas eran hipótesis y no pruebas.
Al ser interrogado por Edgar Neira, abogado del jefe de Estado, sobre si en ese documento se trató el cuestionado contrato, Verdesoto aclaró que no hizo referencia a ningún convenio específico e insistió en que eran alertas de prevención de corrupción para todas las empresas públicas. La comparecencia de Verdesoto, que se extendió por más de dos horas, estuvo marcada por discusiones entre los asambleístas, incluso cambiaron al presidente de la Comisión Fernando Villavicencio, acusado de actuar a favor de Lasso, y fue sustituido por la legisladora Ana Belén Cordero.
El segundo convocado para dar su versión fue Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la presidencia, quien desvirtuó los motivos para el enjuiciamiento político contra el jefe del Ejecutivo.
De acuerdo con el calendario, el propio gobernante está llamado para el 26 de abril, aunque se desconoce si irá personalmente o lo hará a través de su abogado, Edgar Neira.
Esta fase dedicada a escuchar a los testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa debe extenderse hasta ese día y luego la Comisión tendrá otras 10 jornadas para concluir un informe sobre el caso.
Más allá de la recomendación de esa mesa legislativa, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
Entretanto, Lasso declaró al diario británico Financial Times su intención de disolver el legislativo mediante la herramienta de la muerte cruzada si existieran los votos para destituirlo.
Para el jefe del legislativo, Virgilio Saquicela, de aplicar ese recurso el presidente incurriría en una inconstitucionalidad.
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