Aunque reconoció la dificultad para ofrecer datos precisos, Bonzi explicó que el pasado año los bancos de alimentos atendieron a 2,4 millones de personas, mientras que en 2011 el número de beneficiarios era de 820 mil.
Añadió la importancia de los comedores sociales, sin los cuales “habría mucha violencia, tensiones, tal vez motines del hambre”, y recordó que la mayor parte de las personas que se hallan bajo el umbral de la pobreza “no los utilizan (bancos de alimentos ni comedores) y no piden nada”.
La investigadora, integrante del Laboratorio de Antropología de las Instituciones y las Organizaciones Sociales, denunció la existencia en Francia de “un mercado del hambre que refuerza el sistema agroindustrial”, basado en una sobreproducción agrícola que se beneficia de exenciones fiscales cuyo destino son las personas que no pueden permitirse alimentarse por sí mismas.
Amparado en la legislación actual “se ha desarrollado todo un mercado para suministrar productos muy baratos de calidad insuficiente” o “artículos invendibles”, cuyas beneficiarias son grandes compañías alimentarias que, “en un contexto de competencia internacional, les favorece producir a menor coste”, colocar sus “excedentes de producción y obtener deducciones fiscales”, explicó.
Bonzi consideró “que la ayuda alimentaria es incapaz de satisfacer el derecho a la alimentación”, un derecho “que está garantizado en absoluto en Francia”, y que genera un clima de violencia estructural en el sistema alimentario y que se hace sentir en todas las etapas de la ayuda.
Por todo ello reclamó una transformación de todo el sistema alimentario, incluyendo el proceso de producción agrícola, lo que significa “sacar los alimentos del mercado y llevarlos a la democracia, socializar los alimentos y proteger a las personas de los excesos del sistema agroindustrial”, aseveró.
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