El experto en temas constitucionales, Alexander Barahona, explicó en su cuenta de Twitter que la acción busca suspender al menos de manera provisional la medida dictada por el mandatario así como los acuerdos ministeriales 194 y 145 del Ministerio de Defensa referidos al tema.
De acuerdo con Barahona, el porte y tenencia de armas de fuego letal y no letal a nivel nacional por parte de civiles incide en derechos como vida, integridad y libertad.
Asimismo, señaló que el Ejecutivo no efectuó una consulta prelegislativa a pueblos indígenas acerca del uso de esos artefactos, pues lo regulado hasta ese momento permite el empleo de “armas ancestrales” con limitaciones dentro y fuera de los territorios indígenas.
El riesgo a los derechos es evidente, aseveró el jurista que junto a otros colegas firmantes de la demanda esperan un pronunciamiento de la Corte para suspender el decreto de forma urgente.
En una entrevista a la emisora local Radio Sonorama, el abogado experto en derecho constitucional Stalin Raza manifestó que el decreto es inconstitucional porque “delega a la gente la función que tiene el Estado de defender y proteger al pueblo“.
El ministro de Defensa, Luis Lara, informó el viernes 14 de abril los requisitos para obtener el permiso de porte de armamento letal, decisión cuestionada por la ciudadanía y expertos en la materia.
Entre las exigencias están ser mayor de 25 años, contar con factura o contrato de compraventa del equipo, certificado biométrico emitido por la Policía, documento actualizado de antecedentes penales, así como acreditaciones psicológicas, toxicológicas y de manejo del aparato.
A raíz de la decisión de Lasso de permitir las armas, una decena de universidades, organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas se pronunciaron contra la normativa y todos coinciden en que no se resolverá la crisis de inseguridad en el país, por el contrario aumentarán los crímenes.
Algunos ecuatorianos responsabilizaron también a la Asamblea Nacional (Parlamento) por la medida, ya que en enero los legisladores aprobaron reformas que, entre otras cosas, facilitan el ciberespionaje del Estado hacia los ciudadanos y flexibilizan el uso de esos instrumentos letales.
Paralelamente, Ecuador vive jornadas de terror en medio del actual escenario de inseguridad, marcado por tiroteos, amenazas de bomba, asesinatos, extorsiones y reclusos muertos dentro de prisiones.
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