El documento detalló que cerca de cinco millones de habitantes en el país andino se acogen a esa modalidad entre marzo de 2022 hasta marzo de 2023.
Según el analista económico Fausto Ortiz, las reformas deben tratar de emplear a esas personas que, en cada acera o avenida, encuentran en la informalidad la única opción para llevar un pan a su mesa.
Quienes laboran en esas condiciones no cuentan con el Registro Único de Contribuyentes y por tanto no tienen garantías como la de percibir al menos un salario mínimo al mes de 450 dólares, dijo el especialista al canal Ecuavisa.
Además, no reciben la protección necesaria frente a riesgos de accidentes laborales, ni cuentan con beneficios tales como licencias de maternidad y paternidad, vacaciones obligatorias, o bajas permitidas por enfermedad.
En contraste, el desempleo en la nación sudamericana ha disminuido, según el INEC, pasando de 424 mil en el primer trimestre del año anterior a 324 mil en los primeros tres meses de 2023, aun así, la cantidad de trabajadores informales es preocupante.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, entre los disparadores de la economía informal en Ecuador están el ajuste fiscal del Estado, lo cual influye en mayor austeridad interna.
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