La fuerza política de derecha, aliada del jefe del Ejecutivo al inicio de su mandato y ahora oposición, acusó al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, de estar detrás de la entrega de cargos a cambio de apoyo para evitar la censura de Lasso.
Mediante un comunicado, el PSC culpa a la administración de comprar conciencias dentro de su bancada, lo cual ha llevado a que tres asambleístas dejen la tolda socialcristiana en menos de dos semanas: Karen Noblecilla, Elina Narváez y Javier Ortiz.
El documento detalla que ya fueron entregados varios cargos y otros próximamente se otorgarán en la provincia de El Oro, entre ellos la gobernación, la coordinación zonal del Ministerio de Energía y Minas, la gerencia de Telecomunicaciones y la dirección del Seguro Social.
En respuesta, la bancada oficialista del Acuerdo Nacional (BAN) rechazó esas acusaciones y consideraron incoherente que una organización política trate de trasladar al Gobierno la responsabilidad de sus frustraciones electorales.
Entretanto, este viernes se divulgó el borrador del informe no vinculante del juicio político elaborado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) que recomienda desestimar el proceso contra el mandatario, acusado de peculado.
Ese texto concluyó que Lasso no incurrió en ese delito por no existir pruebas de las irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tankers, según declaró el jefe de la Comisión, Fernando Villavicencio, blanco de críticas por actuar como defensor del mandatario.
Está previsto que mañana 6 de mayo los miembros de esa mesa legislativa discutan el documento y voten a favor o en contra de su contenido.
Más allá de su pronunciamiento, el futuro de Lasso está en manos del pleno de esa institución, donde para sacar al mandatario del poder son necesarios 92 votos del total de 137 asambleístas.
Esa última votación podría ocurrir en la segunda quincena de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido para esos casos.
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