Los diarios La República y Uno coinciden en usar el término, aplicado a la protección de la impunidad, en este caso por partidos de derecha extrema que, junto a sus aliados de centro, controlan el Legislativo.
En este caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia y descartó un proceso preliminar de indagación a la mandataria, al ex primer ministro Alberto Otárola y a otros dos extitulares.
De aprobarse la denuncia, los mencionados hubieran sido investigados como presuntos responsables de 39 muertes a balazos, sobre un total de 49 caídos en operaciones policiales y militares, entre diciembre y marzo últimos.
La subcomisión aprobó un dictamen según el cual “aún no se cuenta con evidencia objetiva a nivel de verosimilitud indiciaria de una actuación ilícita o ilegal determinada” ni se ha probado que los denunciados “hayan tenido participación, conocimiento o hayan omitido algún deber”.
Una de las congresistas que firmó la denuncia, Sigrid Bazán, comentó que la iniciativa debió aprobarse porque existen evidencias que van desde imágenes mostradas por la televisión hasta las conclusiones de investigaciones de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
Otra denunciante, la legisladora Ruth Luque, criticó que el dictamen afirme que las Fuerzas Armadas y la Policía usaron las armas correctamente según, su reglamento, y, como afirma el Gobierno, lo hicieron frente a actos de vandalismo.
Señaló que el tema merecía un análisis profundo y no un informe superficial, por la gravedad de lo sucedido desde el 7 de diciembre, cuando el presidente Pedro Castillo fue vacado (destituido) por intentar un golpe de Estado y encarcelado, situación en la que se mantiene.
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