El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz envió el documento al máximo órgano de justicia constitucional donde insinuó que los 88 legisladores que aprobaron la resolución para que continúa el procedimiento judicial contra el mandatario andino, lo hicieron sin que exista un informe motivado de la Comisión de Fiscalización y, por tanto, según dijo Ortiz, cometieron una ilegalidad.
Mientras el Gobierno se empeña en liberar a Lasso del juicio político por el delito de peculado, el secretario general de la Legislatura, Álvaro Salazar envió al Jefe de Estado una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional (parlamento) en la que se aprobó el proceso judicial en su contra.
Desde este viernes Lasso quedó oficialmente notificado sobre la continuidad del juicio que podría poner fin a su mandato en Ecuador.
En el documento se incluye el expediente íntegro del procedimiento judicial, remitido de igual manera a los 137 asambleístas para su revisión, previo a la votación. La imputación contra Lasso se relaciona con el acuerdo firmado con la asociación Amazonas Tanker Pool, de la que forma parte la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
De acuerdo con la resolución del Parlamento, se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual en el transporte de crudo.
Luego de la notificación oficial sobre el juicio político judicial al Primer Mandatario ecuatoriano, el presidente de la Asamblea Nacional deberá convocar al Pleno para que conozca y vote por la censura y destitución de Lasso, para lo cual se requiere 92 votos favorables de las dos terceras partes de la Legislatura.
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