El artículo 129 de la Constitución ecuatoriana da a la Asamblea Nacional las facultades para proceder al enjuiciamiento al presidente o vicepresidente de la República basado en casos como delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
Lasso es llamado al procedimiento judicial por el presunto delito de peculado, por un contrato entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con la empresa Amazonas Tanker Pool.
La Ley establece en este caso que, una vez efectuado el juicio político, se necesitan 92 votos favorables, las dos terceras partes de los asambleístas, para la censura o destitución del mandatario, quien adicionalmente no podrá ejercer ningún otro cargo en el sector público por un plazo de dos años.
En esas circunstancias, el mandatario sería reemplazado por el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, quien asumiría por lo que resta del periodo presidencial, hasta mayo de 2025.
Por el contrario, si el Pleno del Legislativo no logra reunir los votos requeridos, y no existe una moción de censura, la destitución será archivada.
Otra opción, contemplada en este contexto es la renuncia voluntaria de Lasso. Sin embargo, la posibilidad poco se ha mencionado pues el gobernante asume que no existen argumentos para su destitución y aseguró que se defenderá ante el parlamento hasta el final.
Incluso, aseguró el pasado mes al medio de comunicación británico Financial Times que aplicaría la opción de Muerte Cruzada si no lograba liberarse del proceso judicial en su contra.
También el secretario jurídico de Presidencia, Juan Pablo Ortiz reiteró en una ocasión que esa opción siempre ha estado sobre la mesa del mandatario pese a que varios legisladores han catalogado de inconstitucional un posible llamado a la muerte cruzada pues consideran que no existen argumentos para justificar su aplicación desde el Ejecutivo.
Pero, ¿qué sucederá mañana en el parlamento?
De acuerdo con la agenda prevista, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela pedirá a los cuatro asambleístas solicitantes del juicio que escojan a dos interpelantes, que tendrán dos horas para exponer las pruebas actuadas durante el proceso.
Serán los asambleístas Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) quienes darán a conocer los argumentos del juicio político.
Luego, el gobernante ecuatoriano presentará sus alegatos de defensa en tres horas.
Finalizada la intervención, Lasso se retirará del Pleno e iniciará el debate, el cual podría prolongarse por varios días, debido a que pueden intervenir los 137 asambleístas, por 10 minutos cada uno según está establecido.
Una vez concluida la discusión, en cinco días más se convocará a la sesión del Pleno para que resuelva, con base a las pruebas de cargo y descargo, si aprueba o no la destitución del presidente.
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