El mandatario inició su discurso atacando a los asambleístas interpelantes del proceso judicial y los acusó de haber abandonado su rol de legisladores.
El gobernante andino expresó que no existen pruebas ni testimonios relevantes sobre las acusaciones en su contra por presunto peculado.
“Hasta ahora ha quedado claro que no hubo firma de contrato en mi Gobierno, que tampoco hubo informe de Contraloría recomendando terminar dicho contrato y que mucho menos hubo indicios de responsabilidad penal”, alegó el Primer Mandatario ecuatoriano.
Lasso refirió que lo sucedido con la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) ocurrió entre 2018 y 2020, tres años antes de que él asumiera la presidencia de la República y aseguró que el 23 de marzo de 2022, hace ya mas de un año, emitió todo el expediente de Flopec y Amazonas Tanker a la Fiscalía general del Estado.
Aquí nos estamos jugando el alma de la democracia, concluyó el mandatario mientras invitó a los asambleístas a votar en contra del juicio político y darle la vuelta a la narrativa.
Previo al alegato de defensa del mandatario ecuatoriano, los asambleístas Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), expusieron los indicios de responsabilidad política del gobernante.
Veloz, legisladora de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), dio a conocer ante el resto de los parlamentarios las pruebas de que el jefe del Ejecutivo «siempre conoció la corrupción en empresas públicas y no hizo nada para evitarlo».
La parlamentaria expuso argumentos para probar que el gobernante sabía de las irregularidades en un contrato en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker, convenio prorrogado durante su mandato.
Al finalizar su exposición subrayó que no solo será suficiente la responsabilidad política para destituir a la máxima autoridad del país, sino su procesamiento penal.
Por su parte, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres, otro de los interpelantes, centró su presentación en la legalidad del procedimiento, validado por la Corte Constitucional, sin arbitrariedades, ni limitaciones a la defensa.
Finalizada la participación de Lasso, quedó suspendida la sesión hasta las 15:00 (hora local) momento en el cual iniciará la intervención de los 137 asambleístas que tienen derecho a hablar por 10 minutos cada uno.
Una vez concluida la discusión, que puede llevar varios días, se convocará a otra sesión para resolver definitivamente, con base a las pruebas de cargo y descargo, si aprueban o no la destitución del presidente.
En caso de llegar a la cantidad suficiente para censurarlo, deberá asumir el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el tiempo restante del actual periodo, o sea, hasta 2025.
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