En una rueda de prensa, el titular justificó la decisión del gobernante de aplicar ese mecanismo justo en medio del proceso de juicio político que buscaba desde la Asamblea Nacional la destitución del jefe del Ejecutivo por las acusaciones de peculado.
Sobre la posibilidad de una demanda ante la Corte Constitucional (CC) por la presunta ilegalidad de la muerte cruzada, Cucalón aseveró que cualquiera tiene derecho a presentar una impugnación, pero será la institución judicial la que «determine su constitucionalidad o no».
Afirmó que en estos momentos el decreto está plenamente vigente y no dio detalles de cómo actuarían en el supuesto de que la CC lo declare improcedente.
Sobre las medidas que puede emitir el Gobierno en este periodo en el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe organizar comicios generales anticipados, aclaró que serán solo relativos a la economía nacional y deberán tener la aprobación de la CC.
En ese sentido, ratificó que ya emitieron el decreto para que entre en vigor la ley tributaria presentada la semana pasada ante el legislativo y que aún no había sido discutida y anunció también “nuevos proyectos para el desarrollo económico del país”.
En cuanto a posibles manifestaciones en rechazo a la muerte cruzada, Cucalón indicó que serán respetadas siempre y cuando no cometan actos de vandalismo.
Analistas y organizaciones sociales calificaron de fraude la declaratoria de muerte cruzada por no cumplir con los requisitos que justifiquen su aplicación.
Para muchos, la utilización de esa herramienta es una estrategia de Lasso para evadir el juicio político que lo podía llevar a la destitución.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) señaló en Twitter que lo que hizo Lasso es ilegal, pues obviamente no hay ninguna conmoción interna.
En todo caso -precisó el exgobernante- es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria.
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