El Sindicato de los Inspectores de Investigación, Fiscalización y Fronteras informó que recurrió ante la justicia la requisición civil dictada por el ejecutivo.
La medida, tomada la víspera en el Consejo de Ministros, resulta un instrumento legal extremo que obliga a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para asegurar el funcionamiento de las actividades esenciales.
Previamente en un comunicado, los sindicalizados mostraron sorpresa por la intención gubernamental, anunciada por el ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita, y ratificada por el primer ministro, António Costa.
En el texto aseguraron que Cabrita mintió acerca de que los sindicatos fueron escuchados en el proceso de reestructuración del SEF, que dará paso al Servicio de Extranjeros y Asilo.
Costa defendió la actitud del ejecutivo al considerar que el país no puede quedar desprotegido, especialmente en tiempos de la Covid-19.
La reforma del servicio de migración se conoció aquí luego que un viajero ucraniano murió a manos de inspectores de migración. De inmediato, diversas voces exigieron la renuncia de Cabrita, protegido por el gobierno.
Según la disposición sobre la reestructuración del Servicio migratorio, este apenas quedará con tareas técnicas y administrativas, mientras que las funciones policiales se repartirán entre la Guardia Nacional Republicana, la Policía de Seguridad Pública y la Policía Judicial.
El ministro Cabrita dijo en la Asamblea de la República (parlamento) que la ley orgánica que transformará el servicio migratorio será aprobada antes de finales de junio.
La mención se produjo después que legisladores y varios grupos políticos exigieron que la transformación, aprobada por decreto en abril pasado, sea una decisión del legislativo.
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