Mientras que Coquerel consideró «admisible» el proyecto en nombre de una «aplicación flexible» de la Constitución para defender la «iniciativa parlamentaria» y el «derecho de la oposición», la presidenta de la Cámara, Yael Braun-Pivet, aseguró que impedirá la votación de este texto, prevista para mañana en la Comisión y el 8 de junio en el hemiciclo.
Desde el grupo gubernamental se justificó el rechazo en base al artículo 40 de la Constitución, que estipula que las iniciativas parlamentarias son inadmisibles si aumentan las cargas públicas, al tiempo que diputados derechistas y conservadores condenaron la “decisión partidista y política” de Coquerel, y la calificaron como un «grave atentado a nuestras instituciones».
Arropado por diputados de la coalición de izquierdas Nupes, principal grupo de oposición en la Cámara, Coquerel denunció durante la rueda de prensa las «presiones que se han ejercido estos últimos días”, “en gran parte desde el gobierno”, y lamentó que desde el ejecutivo “se interfiera hasta tal punto en una decisión puramente parlamentaria”, dijo.
El proyecto de ley fue presentado por el grupo de diputados independientes y de los territorios de ultramar (LIOT) y aunque en principio no cuenta con el apoyo necesario para salir adelante, generó muchas tensiones desde las filas progubernamentales.
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