Rodríguez es investigado por posible delito de prevaricato, pues de acuerdo con ese órgano de derecho público, la decisión del magistrado con respecto a Glas va en contra de la Constitución y el Código de la Democracia.
La Fiscalía alegó que ambos documentos establecen que las sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos contra la administración pública implican la pérdida de los derechos de participación de por vida. En un comunicado difundido este domingo, la FGE detalló que no han podido ubicar a Rodríguez.
La noche del viernes, el juez Rodríguez restituyó los derechos políticos de participación al exvicepresidente Glas, los cuales había perdido tras ser sentenciado por corrupción.
El funcionario dispuso remitir el oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Ministerio del Trabajo para que deje sin efecto el impedimento para ejercer cargos públicos que pesa sobre Glas.
Glas es considerado el símbolo del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017) obligó a muchos de ellos a exiliarse.
Este sábado el movimiento Revolución Ciudadana (RC) nominó a Glas como su candidato a la presidencia del país andino, sin embargo, Glas rechazó la proposición alegando que se debe cuidar el proyecto político llevado a cabo por esta organización.
Yo sigo bajo ataque, más procesos penales, sabemos que están conspirando para que el binomio de la RC tenga tropiezos en su inscripción, advirtió Glas durante las elecciones primarias de la organización política celebradas en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí.
El exvicepresidente fue condenado a seis años como autor del delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht, y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos.
A fines de 2022, el magistrado Emerson Curipallo de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió una medida cautelar que facilitó la libertad provisional de Glas, quien debía presentarse una vez por semana en Guayaquil y tenía prohibida la salida del país.
Juristas y activistas por los derechos humanos coinciden en que no existen pruebas para demostrar ninguno de los delitos por los cuales fue encausado.
jcm/nta
